El pasado 22 de junio se aprobó, mediante Real Decreto Legislativo, la Ley 23/2006 por la que se modifica el texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual. La nueva norma, que entrará en vigor el 29 de julio de 2006, ha querido adaptar las directivas europeas la legislación española sobre derechos de autor.

Entre otras reformas, la Ley ha trasladado el modelo tradicional de canon analógico al mundo digital. Esta decisión ha sido la que más polémica ha suscitado entre los diferentes colectivos. El canon es una cantidad fija que las entidades de gestión de derechos de autor cobran como compensación por las copias privadas que el consumidor realice de materiales sujetos la propiedad intelectual.

La Ley también restringe el concepto de copia privada al ámbito doméstico y regula la instalación de medidas tecnológicas anticopia. La normativa crea, además, una Comisión de Propiedad Intelectual (antigua Comisión Mediadora de la Propiedad Intelectual) como órgano arbitral que se encargará de resolver conflictos entre las entidades y actuar contra la vulneración de los derechos en esta materia. La Comisión, que depende del Gobierno, podrá decidir las tarifas sobre los derechos exclusivos.

El Gobierno ha querido clarificar los derechos de reproducción y distribución añadiendo todas aquellas formas en las que puede manifestarse. El texto aclara que la primera venta u cualquier otra transmisión de la propiedad no supone la extinción del derecho de distribución, sino que únicamente se pierde la facultad de autorizar posteriores transmisiones. Otra de las novedades que presenta, en cuanto a los derechos, es el "reconocimiento del derecho de puesta a disposición interactiva". En virtud de este reconocimiento, cualquier persona puede acceder a las obras desde el lugar y en momento que elija. Con esta serie de medidas el Ejecutivo ha pretendido adaptar los conceptos tradicionales al nuevo entorno social y tecnológico.

Por otro lado, el pasado 6 de junio de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamento comunitarios. El nuevo texto transpone la Directiva 2004/48/CE del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

El objeto de estas normas es aumentar la tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Para ello ha incluido diferentes medidas como el derecho de información del titular de los derechos o la ampliación de las acciones en caso de infracción, entre otros.