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Ley de Acceso a la Profesión de Abogado y Procurador

ÚLTIMA HORA:(04/07/2007) Unos 1.000 licenciados en Derecho, alumnos de las Escuelas de Práctica Jurídica (EPJ) homologadas por el Consejo General de la Abogacía Española se presentaron ayer al examen para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Independientemente de la comunidad autónoma en la que realicen los exámenes, todos los alumnos se enfrentaron a la misma prueba.

A finales del pasado año 2002 el Ministerio de Justicia presentaba el borrador del anteproyecto de Ley de acceso al ejercicio de la profesión de abogado y procurador, documento que debía servir para que el Estado español dejase de ser el único estado miembro de la UE que no cuenta con ningún criterio para el acceso de los licenciados en Derecho a la profesión de abogado, tal y como recientemente apuntaba el propio ministro de Justicia, José María Michavila.

De esta forma, se daba cumplimiento al artículo 20º del citado Pacto de Estado sobre la Justicia, el cual prevé una serie de reformas a aplicar al respecto de los profesionales de la abogacía y procuradoría.

Entre las principales novedades presentes en la iniciativa presentada por el Grupo popular se incluía la necesidad de haber obtenido la acreditación de aptitud profesional para poder acceder al ejercicio de la profesión de abogado y procurador.

Esta prueba, consensuada en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, en el que se encuentran representadas todas las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, deberá valorar la capacidad del candidato para desarrollar las funciones que les atribuyen respectivamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, las leyes procesales y sus respectivos estatutos.

Con la entrada al Gobierno del nuevo gabinete socialista, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha apostado firmemente por la aprobación de una norma que regule de una vez por todas la obtención de un título profesional para abogados y procuradores.

El pasado 22 de julio, el Consejo de Ministros daba su visto bueno al anteproyecto de Ley de acceso a la abogacía y procuradoría. La norma establece una vacatio legis de 6 años para su entrada en vigor, periodo que desde el Consejo General del Poder Judicial se ve excesivo.

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