Los especialistas destacan que España ha sido un país históricamente de emigración, pero que su bonanza económica ha tornado a la nación en un lugar atractivo para miles de personas de otros países que procuran mejorar su calidad de vida. El nuevo fenómeno ha despertado la necesidad de una ley que regule el flujo inmigratorio.

La Ley de Extranjería reconoce a los inmigrantes los derechos de reunión, asociación, sindicación, manifestación y huelga, aunque restringe el ejercicio de estos derechos tan sólo a los que obtengan un permiso de estancia o residencia en España.

La Ley contiene principios que buscan favorecer la inmigración legal, restringiendo al mínimo la entrada de extranjeros ilegales y ofreciendo oportunidades para normalizar su situación a los inmigrantes establecidos en territorio español en condiciones de irregularidad.

Entre sus puntos, incorporó la Tarjeta de Identidad del Extranjero como un documento acreditativo de la autorización administrativa para residir. Además, el concepto de reagrupación familiar, visas de trabajo con exención del permiso laboral, el contingente laboral y las tramitaciones y gestiones de manera personal.

La ley incluye sanciones que procuran dotar al ordenamiento jurídico con instrumentos para luchar contra la inmigración ilegal.

La norma ha sufrido modificaciones desde su sanción inicial, ha suscitado una gran cantidad de artículos de doctrina y ocupado un lugar importante en los medios de difusión masiva, que en este dossier se reproducen.

Días atrás, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tres artículos de la ley que condicionaban el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación y la libertad de sindicación a poseer autorización de estancia o residencia en España.