El pasado 21 de diciembre el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP que se abstuvo. La norma, que seguirá ahora el trámite parlamentario con su envío al Senado, pretende liquidar el déficit de presencia social y laboral de las mujeres españolas y las discriminaciones que aún aquejan al 51% de la población. La Ley traspone las directivas europeas sobre igualdad en el ámbito laboral y la lucha contra la discriminación y el acoso sexual. Además reforma más de 19 leyes sobre el acceso al empleo público o las prestaciones de la Seguridad Social.

Entre otros aspectos, el articulado establece la paridad de sexos en las listas electorales en todos los comicios. De esta manera se promueve que ninguno tenga menos del 40% de puestos con posibilidad de obtener representación. A este respecto, quedan exentas las localidades de menos de 5.000 habitantes. No obstante, en las municipales de 2011 está previsto que se aplique también a las de más de 3.000.

La Ley, calificada por el sindicato UGT como una norma eminente laboral, recoge que todas las empresas, a través de la negociación colectiva, deberán promocionar la igualdad de trato -acceso, salario y ascensos- entre hombres y mujeres. Además las compañías con más de 250 trabajadores estarán obligadas a adoptar planes específicos en este sentido. Por otro lado, el texto define y especifica algunos conceptos como la discriminación por sexo, el acoso sexual y el acoso en razón de sexo. En estos supuestos será el denunciado por acoso o discriminación quien deba demostrar la falsedad de los indicios acusatorios.

Las diferentes medidas de impulso contempladas pretenden modificar desigualdades seculares, como las causantes de que apenas haya un 3% de mujeres entre los altos directivos y consejeros de las grandes empresas españolas. Éstas, las que cotizan en Bolsa, tendrán un plazo de ocho años para acomodar a las mujeres en igual proporción 40/60 en sus órganos de mando a medida que renueven sus consejos de administración.

Una de las principales y más comentadas medidas ha sido la extensión del permiso de paternidad de 15 días a un mes en el plazo de 8 años. No obstante, por su parte los sindicatos consideran que esta disposición es insuficiente para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres que pretende esta norma.

Queda patente que la nueva normativa incorpora el concepto de transversalidad como resultado del fracaso de acciones positivas y programas específicos aplicados en solitario que, en consecuencia, no lograron transformar la igualdad legal en igualdad real. Esta incongruencia es debido a que dichos programas se han interpretado como si el problema fuera sólo de las mujeres y se ha combatido con pequeños organismos. Sin embargo, la igualdad está directamente vinculada a temas como la educación, el empleo o la salud.

Definida como "la gran apuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero", respecto a la igualdad, la ley no sólo supondrá un cambio en las políticas empresariales sino que también afectará al ámbito social y de convivencia diaria.