Reporte Jurisprudencial

desde Julio 2014
Último Número: Enero 2017

Derecho Justo


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Núm. 2017, Enero 2017

Evaluación de la propuesta alternativa y de la propuesta básica

Excepción de cobro no debido.

Exceso en la ejecución de lo contratado.

Fallo sobre la nulidad de un contrato estatal sin que se haya llamado en Litisconsorcio con el contratista.

Imposibilidad de ofrecer el mismo personal de obra en varias licitaciones simultáneas.

Incumplimiento de un oferente al deber de suscribir el contrato adjudicado, cuando la entidad desconoce, modifica e incluye requisitos nuevos en los términos de referencia.

Indemnización de particulares que participan en un proceso de selección.

Intereses de mora de acuerdo con el Decreto ley 222 de 1983 y la Ley 80 de 1993

La acción popular no es el mecanismo procedente para solicitar la declaratoria de nulidad de actos administrativos, ni contratos estatales.

La celebración de un contrato como representante legal de una asociación sin ánimo de lucro genera inhabilidad para ejercer el cargo de Alcalde

La falta de designación de una interventoría a tiempo, no vulnera de forma automática los derechos colectivos de moralidad administrativa y defensa del patrimonio público.

La garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas implica dar a conocer su existencia al administrado y brindarle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

La inflación de precios en el país como causa del restablecimiento del equilibrio económico de un contrato.

La nulidad absoluta del contrato estatal.

La seguridad nacional como causal autónoma de terminación o declaración de desierta de los procesos de contratación.

La sentencia mediante la cual se declara la nulidad de un acto, genera efecto erga omnes.

Las cooperativas de municipios y las entidades de los departamentos, no pueden desarrollar acuerdos interadministrativos de manera directa.

Las entidades públicas deben cumplir con el pago del impuesto predial y CAR, como arrendadoras.

Las entidades públicas pueden liquidar de forma directa y unilateralmente los contratos estatales.

Las sanciones en la etapa precontractual solo se dan por la violación de los postulados legales.

Legitimación de la aseguradora para ejercer una acción contractual.

Los contratos estatales solo admiten como prueba de su existencia el contrato escrito, cualquier otro medio es ineficiente probatoriamente.

Los impuestos nacionales o departamentales y su injerencia en el equilibrio económico del contrato.

Los pliegos de condiciones deben contener los sistemas de calificación de todos los componentes de una licitación.

Los pliegos de condiciones deben establecer el proceso a seguir en caso de empate.

Los sobrecostos generados por ajustes en el precio de un contrato estatal pueden ser diferidos de otras vigencias fiscales diferentes a la disponibilidad presupuestal del proyecto.

Modificaciones del plazo contractual requiere de un contrato adicional.

Necesidad de prueba escrita.

No se rompe el equilibrio contractual cuando una entidad pública presenta demoras y el contratista no manifiesta su inconformidad.

Notificación a la aseguradora de un acuerdo de pago parcial con el contratista


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