El 21 de marzo de 1997 se reunió la Sección de Administraciones Públicas de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, organismo perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda que se encarga de resolver las diferentes consultas que puedan plantear las AAPP en materia de contratación pública. En dicha reunión se adoptó por unanimidad un dictamen relativo a los programas informáticos adquiridos por la Administración, que despeja cualquier duda respecto al posible conflicto entre los derechos de propiedad intelectual de las empresas de software proveedoras y el principio de unicidad de la Administración Pública.