1. En tanto no se regule el ejercicio del derecho fundamental de huelga por Ley Orgánica, rige en materia de «servicios esenciales de la comunidad» el art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, interpretado con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal formulada en diversas Sentencias (SSTC 11/1981, 26/1981 y 33/1981). Según la misma, el límite que el art. 28.2 de la C.E. instituye trae causa de la correlativa satisfacción de otros derechos y libertades constitucionales protegidos y en la protección de los bienes de idéntica significación.

2. La consideración de un servicio como esencial no significa la supresión del derecho de huelga de los trabajadores ocupados en tal servicio, sino la previsión de las «garantías precisas» para su «mantenimiento», término éste que excluye aquellas garantías ordenadas al «funcionamiento» normal. Las mencionadas garantías no pueden ser descritas apriorísticamente, y para su concreción deben ponderarse, de un lado, las circunstancias concurrentes en la huelga y en la comunidad sobre la que incide (extensión territorial, duración, etc.) y, de otro, la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que repercute, pues sólo así podrá enjuiciarse la acomodación constitucional de las garantías adoptadas, esto es, la adecuación y proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga.

3. La atribución por el art. 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977 a la autoridad gubernativa del poder de concretar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad constituye una garantía constitucional, que se contradiría si la Orden que estableció los servicios mínimos a mantener por el personal de la Compañía Metropolitano de Madrid hubiera delegado facultades en favor de la dirección de la Compañía, pues, es evidente la exclusión de los órganos de gestión y administración de esta empresa del círculo de titulares integrados en la noción «autoridad gubernativa». Pero no puede excluirse la legítima posibilidad de deferir a la dirección del servicio la puesta en práctica de los servicios mínimos (una vez concretados por la instancia pública competente, cual es el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones), actualizándose aquéllos por los cauces bien de la negociación, bien de la disciplina sindical.

4. La omisión de las garantías consistentes en la precisa motivación de la Orden que lejos de ser una nueva exigencia formal o una simple consecuencia de la aplicación de reglas procedimentales, tiene el sustancial efecto de facilitar posteriormente la defensa de los afectados y el control de los Tribunales supone una vulneración del art. 28.2 de la C.E. que no puede verse subsanada por una eventual aportación posterior, ante los órganos jurisdiccionales competentes, de fundamentaciones o justificaciones de la adopción, en su momento no justificada, de servicios mínimos, ya que aunque ello se lleve a cabo, no remediará la situación ya creada de desconocimiento por los afectados de las razones para la restricción de su derecho y, en consecuencia, de imposibilidad de someter tales razones, o la adecuación a ellas de las medidas tomadas a la fiscalización de los Tribunales.

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Personal estatutario de la seguridad social
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     Derechos sindicales
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