1. Tras recordar la doctrina interpretativa que el Tribunal ha perfilado anteriormente (SSTC 29/1982, 6/1983 y 111/1983, entre otras), en relación con las exigencias requeridas por el art. 86.1 C.E. para la debida utilización por el Gobierno de la figura del Decreto-ley, frente a la alegada falta de presupuesto habilitante en orden a la inidoneidad del Decreto-ley 8/1983, de 30 de noviembre, de Reconversión y Reindustrialización, se afirma que no es posible considerar arbitraria o abusiva la utilización del Decreto-ley como respuesta rápida y necesaria ante la persistencia de una coyuntura económica de crisis industrial, máxime cuando aquélla posibilitó efectivamente la adopción por el Gobierno de una serie de medidas inmediatas en ciertos sectores de la producción económica nacional, con antelación a la elaboración de la Ley 27/1984 por las Cortes Generales, a través del procedimiento de urgencia. Carece de toda significación el hecho de que el Acuerdo convalidatorio adoptado por el Congreso en el plazo fijado por el art. 86.2 C. E. no se publicase hasta una fecha muy posterior, pues este hecho no demuestra un juicio contrario a la apreciación de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad ni puede privar al Decreto-ley de su eficacia normativa desde el momento en que se aplicó.

2. La limitación impuesta por el art. 86.1 C. E. (el Decreto-ley no podrá afectar al régimen de las Comunidades Autónomas) debe interpretarse en el sentido de que no puede afectar al régimen jurídico constitucional de las Comunidades autónomas, incluida la posición institucional que les otorga la Constitución, es decir, el ámbito que la Constitución reserva a determinadas leyes para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. Sin embargo, reiterando la doctrina de la STC 76/1984 (fundamento jurídico 4.°) respecto de aquellos casos en que «la función de deslinde de competencias que la Ley estatal cumple no se apoya en una atribución general contenida en la Constitución, sino en una atribución concreta y específica», concluye, de acuerdo con dicha doctrina, que las Cortes Generales en el ejercicio de su función legislativa podrán dictar leyes de armonización en base a la previsión del art. 150.3 C. E., dentro de los límites de dicho precepto.

3. No es imputable al Real Decreto-ley 8/1983 una operación deslegalizadora, pues en el momento en que se dictó no existía norma legal alguna que impusiera la aprobación por Ley de los planes de reconversión y reindustrialización, ni tampoco existían planes de esta naturaleza aprobados por Ley que el Real Decreto-ley mencionado autorizase a modificar por norma de rango inferior. El mencionado Decreto-ley no es, por tanto, norma deslegalizadora, sino habilitante, y responde a la necesidad de regular con urgencia el marco jurídico para la elaboración inmediata de tales planes, marco jurídico hasta entonces inexistente.

4. En relación con los requisitos formales y procedimentales establecidos por el art. 131 C. E. para la elaboración y aprobación de planes estatales, debe señalarse que tal norma responde a la precisión de una posible planificación económica de carácter general, no siendo la observancia de tal precepto obligada constitucionalmente en una planificación de ámbito más reducido, por importante que pueda ser, como sucede en el caso de la reconversión y reindustrialización.

5. Para la debida articulación de las competencias del Estado y de la Comunidad en materia de planificación económica -según determinan, respectivamente, los arts. 149.1 y 3 C.E. y 30.1.7 del Estatuto de Galicia y de acuerdo con los cuales corresponde al Estado la ordenación de la actuación económica general-, realizada desde la perspectiva del principio constitucional de unidad económica -que exige que el reparto de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas en materia económica no conduzca a resultados disfuncionales y disgregadores-, parece claro que, cuando para conseguir objetivos de la política económica nacional, se precise una acción unitaria en el conjunto del territorio del Estado, por la necesidad de asegurar un tratamiento uniforme de determinados problemas económicos o por la estrecha interdependencia de las actuaciones a realiza en distintas partes del territorio nacional, el Estado en el ejercicio de la competencia de ordenación de la actuación económica general podrá efectuar una planificación de detalle, siempre, y sólo en tales supuestos, que la necesaria coherencia de la política económica general exija decisiones unitarias y no pueda articularse sin riesgo para la unidad económica del Estado a través de la fijación de bases y medidas de coordinación. Ello sin perjuicio de que la Comunidad, en virtud de las competencias asumidas en el art. 30.1 de su Estatuto, pueda adoptar las medidas que estime necesarias para completar (o «desarrollar») los planes establecidos por el Estado.

6. Se puede, en consecuencia, afirmar la competencia estatal para establecer los planes de reconversión industrial, así como los relativos a las Zonas de Urgente Reindustrialización, dado que la Comunidad no ha asumido competencia alguna en orden a su participación en los planes que establezca el Estado, y dado, en cuanto al grado de desarrollo de tales planes, que, por un lado, los de reconversión industrial tienden a la reestructuración no sólo de Empresas determinadas, sino de sectores enteros de la producción industrial nacional considerados en su conjunto, y siendo la finalidad de estos planes de reconversión la de adaptar las dimensiones, la capacidad productiva y las características técnicas de aquellas Empresas a las exigencias de viabilidad que imponen los mercados nacionales e internacionales y, de otro lado, los planes de reindustrialización referidos a las ZUR suponen la concreción de un esfuerzo nacional de solidaridad que, para ser efectivos, deben concretarse en ámbitos geográficos limitados a definir desde una perspectiva supracomunitaria.

7. Hay que afirmar el carácter concurrente de las competencias de ejecución estatales y autonómicas en la materia, o, para ser más exactos, que la ejecución de los planes de reconversión industrial es una tarea común del Estado y las Comunidades Autónomas, por cuanto requiere la necesaria confluencia de potestades estatales y autonómicas para la consecución de unos objetivos comunes, debiendo quedar claro que las Comunidades Autónomas afectadas con competencias para la ejecución de los planes no pueden quedar ausentes de los órganos de ejecución que el Estado, en virtud de su competencia, haya establecido. Parece necesario que el legislador estatal establezca expresamente la participación autonómica en dichos órganos, cuando sea necesaria, y los criterios, siquiera generales, de articulación orgánica de la misma. Una vez prevista legalmente aquella participación y regulados estos criterios, no puede asegurarse «a priori», salvo que resulte del propio texto legal, que la representación autonómica en su conjunto se concibe como marginal, lo que deberá analizarse en cada caso por relación de los Reales Decretos de reconversión.

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