1. La calificación de la competencia o competencias ejercidas por el legislador estatal contenida en una norma dictada por el mismo no puede vincular a este Tribunal, intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de la LOTC).

2. Las zonas de agricultura de montaña a que hace referencia el art. 5 a) de la Ley 28/1982 se configuran como ámbitos territoriales en los que, mediante el ejercicio de una pluralidad de competencias -bien estatales, bien de las Comunidades Autónomas o bien incluso de otros entes territoriales-, ha de desarrollarse una actividad de planificación o programación económica. Las competencias que más directamente entran en juego en el caso que nos ocupa son las relativas a la «planificación general de la actividad económica» (art. 149.1.13.° de la C.E.) o la «promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica» (art. 10.25 del EAPV).

3. Las Comunidades Autónomas competentes en la materia podrán establecer, con independencia del regulado por la Ley 25/1982, sus propios regímenes de «tratamiento especial a las zonas de montaña» (art. 130.2 de la C.E.), a cuyos efectos las correspondientes delimitaciones y declaraciones de zona de montaña no precisarán de aprobación estatal alguna.

4. Las competencias estatales en materia de planificación no se agotan con la fijación de las bases, sino también comprenden la de coordinación, que es -como se ha declarado en las Sentencias 32/1983 y 42/1983 referentes a la Sanidad- una competencia distinta de la anterior. La referencia que se hace en el art. 10.25 del EAPV a la «ordenación general de la economía» como límite a las competencias asumidas en el mismo por la Comunidad Autónoma comprende el ejercicio por el Estado de sus competencias de coordinación en la materia.

5. Los actos de aprobación de declaraciones de zonas de agricultura de montaña previstos en el artículo impugnado se configuran como medidas de coordinación -es decir, de integración en un conjunto unitario de una diversidad de iniciativas por parte de diversos sujetos- en materia de planificación económica. Al dictar el legislador estatal el art. 5 a) de la Ley 25/1982, no ha hecho otra cosa que establecer un mecanismo de coordinación en materia de planificación económica.

6. Este Tribunal ha declarado (Sentencia 39/1982) que la subvención no es concepto que delimite competencias, ni puede erigirse en núcleo que atraiga hacia sí toda competencia sobre los variados aspectos a que pueda dar lugar la misma.

7. El art. 5 a) citado, no es contrario -sino que, además, la presupone- a la participación de las Comunidades Autónomas en la actividad planificadora, mediante el ejercicio de las competencias que les corresponden en tal materia.

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