1. La situación de Navarra, después de la entrada en vigor de la Constitución y con anterioridad a la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, no puede equipararse constitucionalmente a la de una provincia o ente preautonómico.

2. La disposición transitoria quinta de la LOTC posibilita la legitimación de la Diputación Foral y del Parlamento de Navarra, bien con anterioridad a la actualización del régimen foral de este territorio o bien con anterioridad a la hipotética incorporación de Navarra al País Vasco.

3. De acuerdo con la LOTC, los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí se suscitan entre entes, pero la LOTC no prohíbe ni que el órgano que suscita el conflicto solicite la declaración de titularidad de la competencia para sí o para otro órgano del ente al que pertenece, ni que el Tribunal Constitucional realice una atribución específica de tal competencia.

4. De acuerdo con la LOTC, el conflicto positivo de competencia puede promoverse por el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma en relación con una «disposición, resolución o acto» emanado de la autoridad de otra Comunidad, o con motivo de un acto concreto de aplicación, debiendo el promotor alegar las disposiciones legales o constitucionales de las que el vicio resulta y fijar con precisión y claridad lo que solicita.

5. El hecho de que en la base de los conflictos que se suscitan entre los órganos legitimados para promoverlos existan razones o motivaciones de índole o naturaleza política no desvirtúa en absoluto el carácter jurídico de los mismos, siempre que reúnan los requisitos de admisibilidad legalmente establecidos.

6. Como ha señalado este Tribunal Constitucional (STC 123/1984), los derechos históricos de las Comunidades y Territorios Forales a que alude la disposición adicional primera de la Constitución no pueden considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias, pues la propia disposición establece que la actualización se llevará a cabo en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

7. En principio, las competencias que puedan asumir las Comunidades Autónomas son las que derivan de los arts. 148 y 149 de la C.E., según la vía de acceso a la autonomía seguida por la Comunidad. Ahora bien, no está excluido que algunas de las competencias comunitarias tengan su base en otros preceptos constitucionales.

8. Nada impide que la atribución constitucional de una determinada competencia como propia de alguna Comunidad Autónoma encierre también el reconocimiento de uno de los derechos históricos a que hace referencia la disposición adicional primera de la Norma Fundamental.

9. La potestad conferida en el art. 4.2 de la C.E. para «reconocer» en los Estatutos las banderas y enseñas «propias de las Comunidades Autónomas» entraña la atribución a éstas de la competencia para determinar qué símbolos reconocen o establecen como «propios», competencia que podrán ejercer o no, por cuanto el contenido estatutario en este punto no es necesario u obligatorio desde el punto de vista constitucional.

10. Al símbolo político corresponde, al lado de una función significativa integradora, una esencial función representativa e identificadora, que debe ejercer con la mayor pureza y virtualidad posibles.

11. El escudo de Navarra tiene como elemento esencial, según tradición constante, cadenas de oro sobre fondo de gules con una esmeralda en el centro de unión de los ocho brazos de eslabones.

Las cadenas que en él figuran constituyen el elemento identificador de Navarra. Elemento que fue incorporado, además, con tal carácter al escudo de España.

12. La función identificadora del símbolo político determina que la competencia reconocida a las Comunidades Autónomas en esta materia no se agote en la potestad para fijar las características de sus propios símbolos, sino que abarque también la potestad frente a las demás Comunidades para regular de forma exclusiva su utilización.

13. El proyecto de unión política de los cuatro territorios históricos, que es constitucional y estatutariamente legítimo, no puede plasmarse, sin embargo, en el momento presente, en un emblema oficial identificador, como tal, de la Comunidad Autónoma vasca. En tanto Navarra constituya una Comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, y la Comunidad Autónoma del País Vasco abarque los territorios históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, la utilización del «Laurak-Bat» como emblema oficial por el Gobierno vasco carece de apoyo constitucional y estatutario y, en la medida en que incorpora el símbolo identificador de Navarra antes que esta haya manifestado su voluntad de integración, invade y lesiona la competencia que corresponde a la Comunidad Foral de Navarra en relación con su propio símbolo.

14. El acuerdo del Consejo General Vasco de 2 de noviembre de 1978, que ha servido de base normativa al Gobierno vasco para su actuación reiterada consistente en utilizar como emblema oficial el denominado «Laurak-Bat», que incluye en su cuarto cuartel las cadenas de Navarra, es anterior a la aprobación y promulgación de la Constitución, pero como sus efectos se han prolongado tras la entrada en vigor de aquélla, procede la anulación de aquel Acuerdo, de conformidad con la disposición transitoria 2.ª, 1, y el art. 66 de la LOTC.

15. La declaración de la titularidad de la competencia controvertida, y consiguiente nulidad del Acuerdo de 2 de noviembre de 1978, lleva consigo el efecto de que la Comunidad Autónoma del País Vasco no puede utilizar el emblema adoptado en dicho Acuerdo.

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