1. En un asunto en el que sólo fue apelante el condenado y en que el sujeto pasivo del delito y el Ministerio Fiscal se aquietaron con la Sentencia de instancia, el Juez penal de segunda instancia no puede modificar «ex officio» la Sentencia, pues, al hacerlo, incide en una reforma peyorativa («reformatio in peius») que vulnera el derecho fundamental que reconoce el art. 24 de la C.E.

2. La interdicción de la reforma peyorativa constituye un principio general del Derecho procesal, como consecuencia de la regla expresa en el brocardo «tantum devolutum quantum appelatum», y porque en un sistema acusatorio deben entenderse igualmente excepcionales los poderes de actuación «ex officio» del Juez, lo mismo en la primera que en la segunda instancia.

3. La regulación legal en el Derecho español vigente del juicio de faltas, en primera y segunda instancia, es sumamente defectuosa desde muchos puntos de vista y está indudablemente necesitada de una seria reforma. Ello no es óbice para que se pueda interpretar tal legislación a la luz de los principios constitucionales y se llegue incluso, en caso necesario, a la declaración de inconstitucionalidad de alguno de los preceptos que conforman tal régimen jurídico.

Recurso de casación
Igualdad ante la ley
     Regulación constitucional
Confesiones religiosas
     Libertad religiosa
          No discriminación por motivos religiosos