1. En la forma en que los definen los arts. 59 y sgs. de la LOTC, los conflictos constitucionales, cuando se suscitan sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias para delimitar los ámbitos propios del Estado o las Comunidades Autónomas, versan exclusivamente sobre la titularidad de la competencia debatida y sobre la validez o nulidad del acto que da origen al conflicto por estar viciado o no de incompetencia. Quiere ello decir que las partes en conflicto competencial pueden reivindicar las competencias en juego, pero no pueden formular ante este Tribunal peticiones de carácter reconvencional.

2. La cuestión aquí controvertida es la relativa a la competencia para resolver los recursos de alzada interpuestos contra los actos dictados por los órganos de la Generalidad. Y esta cuestión no debe oscurecerse trasladando la relativa a la competencia para dictar el acto administrativo o la resolución que se impugnó en vía de alzada, pues una y otra cuestión deben mantenerse distantes, aunque una y otra sean objeto del conflicto que la Generalidad de Cataluña plantea.

3. La competencia para conocer y decidir un recurso de alzada formulado en vía administrativa contra un órgano o servicio de la Generalidad de Cataluña compete al órgano superior que en vía jerárquica dentro de la Generalidad de Cataluña tenga aquel que dictó la resolución recurrida.

4. En este caso, el régimen jurídico al que quedan sometidas las materias o funciones delegadas será, en principio, el establecido por el ordenamiento propio de la Administración o Ente público que ha recibido la delegación, de lo que se desprende que la delegación de competencias de un ente público a otro conlleva, para este último, la de conocer los recursos administrativos frente a los actos dictados en ejercicio de la misma.

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