1. El derecho fundamental establecido por el art. 24.1 de la Constitución se circunscribe al ejercicio por las personas «de sus derechos e intereses legítimos».

2. El concepto de interés legítimo hace referencia a la idea de un interés protegido por el Derecho, en contraposición a otros que no son objeto de tal protección. Dentro de los intereses protegidos hay que distinguir los de carácter personal, pues en relación a ellos se establece el derecho fundamental, lo que significa que si el que ejercita la acción es el titular de un interés legítimo y personal, lo que está ejercitando es un derecho fundamental.

3. Para delimitar el ámbito del derecho fundamental a la tutela judicial es necesario determinar si en los supuestos comprendidos por la legislación preconstitucional dentro de las acciones populares se encuentran casos en que el ciudadano que las ejercita es titular de un interés legítimo y personal. En relación con este punto debe señalarse que, dentro de los supuestos en atención a los cuales se establecen por el Derecho las acciones públicas, se encuentran los intereses comunes, es decir, aquellos en que la consecución del interés es la forma de satisfacer el de todos y cada uno de los que componen la sociedad. La solidaridad o interrelación social, especialmente intensa en la época actual, se refleja en la concepción del Estado como social y democrático de Derecho, que consagra la Constitución (art. 1.1), en el que la idea de interés directo, particular, como requisito de legitimación, queda englobado en el concepto más amplio de interés legítimo y personal, que puede o no ser directo.

4. El bien jurídico en los delitos de riesgo en general contra la salud pública es el bien común en que la misma consiste, que se refleja en definitiva en la salud personal de los ciudadanos, por lo que se trata de un supuesto en que la defensa del bien común es la forma de defender el interés personal.

5. La exigencia de una fianza no es en sí misma contraria al contenido esencial del derecho reconocido por el art. 24.1 de la Constitución, siempre que su cuantía, en relación a los medios de quienes pretenden ejercitarlo, no impida u obstaculice gravemente su ejercicio, pues ella conduciría en la práctica a la indefensión que prohíbe el mismo artículo.

6. La desigualdad de trato que establecen los arts. 280 y 281 de la L.E.Cr., partiendo de la distinta afección que el delito produce sobre las personas, no es discriminatoria -por no ser razonable-, ya que, en definitiva, responde al criterio de dar mayores facilidades a los más afectados.

Igualdad ante la ley
     Regulación constitucional
Delitos de riesgo catastrófico
Delito de riesgo provocado por otros agentes
Confesiones religiosas
     Libertad religiosa
          No discriminación por motivos religiosos