1. La restricción del uso del servicio de correos de una publicación períodica afecta al derecho fundamental a la libertad de expresión y, por ello, puede examinarse la licitud de esa restricción desde la perspectiva del respeto del derecho fundamental [F.J. 2].

2. Las Resoluciones administrativas impugnadas aplicaron el Real Decreto 1.189/1982 como único fundamento jurídico de la denegación del acceso al servicio de Correos de las publicaciones de las que la actora era editora. No es aceptable el argumento del Tribunal Supremo al estimar que el citado Real Decreto encuentra su cobertura legal en la propia Constitución (art. 20.4), pues esa cobertura en todo caso sería de carácter material, pero no satisfaría el requisito formal del rango legal de la norma. Tampoco es aceptable el argumento del Abogado del Estado de que dicho Real Decreto tan solo reproducía o se remitía a una normativa preconstitucional, pues no cabe duda de la insuficiencia de rango de una norma reglamentaria postconstitucional que interviene en materia de reserva legal, al margen del mayor o menor alcance innovador de su contenido. En este sentido, hemos de confirmar el criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia cuando sostiene que, como las garantías de los derechos fundamentales se anudan a la libre circulación de una revista, ello implica que sea la Ley el vehículo indicado para regular el contenido del derecho y la única capacitada para imponer límites o restricciones para proteger la juventud y la infancia. Por consiguiente la disposición aplicada carece de rango legal para legitimar la licitud constitucional de la restricción del derecho, que por esta razón ha sido desconocida por las Resoluciones administrativas aquí impugnadas [F.J. 4].

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