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Case of Tribunal Constitucional - Pleno nº 62/1990, of March 30, 1990

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y don Francisco Rubio Llorente, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa, don Luis López Guerra, don José Luis de los Mozos y de los Mozos, don Alvaro Rodríguez Bereijo y don Vicente Gimeno Sendra, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

     En los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 505/89, interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por don Ramón Rius Fortuny y doña Silvia G. i Beltrán; 548/89, interpuesto por las Cortes de Aragón, representadas por su Presidente, don Juan Bautista Monsenat Mesanza; 583/89, interpuesto por la Diputación General de Aragón, representada por el Letrado de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, y 588/89, interpuesto por el Parlamento de Cataluña, representado por don Carles de Alfonso Pinajo, contra determinados artículos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y Ponentes, los Magistrados don Eugenio D. E. don Luis L. G. y don Vicente G. S. quienes expresan el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

     1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 17 de marzo de 1989, don Ramon R. i Fortuny y doña Silvia G. i Beltran, Abogados de la Generalidad de Cataluña, presentaron, en nombre y representación del Consejo Ejecutivo de la misma, recurso de inconstitucionalidad contra los siguientes preceptos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial: Arts. 3.2, en relación con el anexo IX y el anexo I; 4.2, en relación con el anexo I, y, por conexión, el art. 41.4; 4.4; 8.1, 2 y 3; 13.3; 20.1, 3, 4 y 5; 21.1; 27.1 y 2; 32.5; 35.1; 39.1; 41.2, 4 y 5; 42.1; 45; 50.3; 54.1, apartados a) y f); 58.1 y 2; 59.1; último inciso del art. 62, y Disposición transitoria primera.

     En el escrito formalizando el recurso se exponen las alegaciones que a continuacion se resumen:

     a) Comienza la representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña exponiendo unas «consideraciones introductorias», precisando que la Ley que impugna dota de contenido a diversas previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la estructuración de los órganos jurisdiccionales y su articulación con las Administraciones públicas que con ellos se relacionan, generando una más que notable alteración de la estructura territorial de aquéllos y del contenido de las competencias autonómicas. No se puede aceptar, continúa argumentando, que al albur de una Ley como la de Demarcación y Planta, y por mor de una rápida solución a los problemas derivados de la organización judicial, se desfigure el orden competencial vigente en perjuicio de las competencias autonómicas. En consecuencia, las novedades que brinda la nueva normativa habrán de ser analizadas con sumo cuidado y precaución, toda vez que tras algunos preceptos en apariencia inocuos o intrascendentes, se esconde una verdadera reformulación del orden de competencias que sobre la Administración de Justicia resultan de la Constitución (en adelante, C.E.), del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC) y de la casi totalidad de los Estatutos de las restantes Comunidades Autónomas.

     Dos van a ser, por tanto, los tipos de cuestiones que se van a plantear en el recurso. Por una parte, las competenciales que directamente afectan al contenido de los títulos que para la Generalidad derivan de la C.E. y del EAC, en relación a la Administración de Justicia; y, por otra, las que comportan una directa vulneración de los preceptos constitucionales y estatutarios ordenadores de las competencias y estructura de los distintos órganos jurisdiccionales. El interés que en ambas cuestiones ostenta la Generalidad de Cataluña y la evidente relación entre ellas, legitiman a ésta para plantearlas conjuntamente en la presente acción.

     A continuación se examinan por la actora los caracteres generales que, a su juicio, definen el Poder Judicial y la Administración de Justicia en nuestro sistema, así como el orden competencial constitucional y estatutariamente establecido, y concluye la representación de la Generalidad de Cataluña estas consideraciones previas poniendo de manifiesto que los Estatutos de Autonomía contienen preceptos que delimitan la competencia del Estado en la materia y que se resisten a cualquier modificación que provenga, bien de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bien de la Ley que es objeto del presente recurso. La Constitución prevé que sean los Estatutos los que determinen las com...

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