LEY DE CAZA. Se alega errónea interpretación que se hace por el Tribunal de instancia de lo dispuesto en los artículos 78.1.c) y 87.4.b) del Decreto 141/1996 de 9 de Diciembre. Lo cierto es que tras el examen del expediente y de las resoluciones impugnadas, no se menciona extremo o dato alguno del que pudiera desprenderse una situación de riesgo de alteración del orden publico o social; en el fundamento jurídico cuarto, párrafo segundo de la resolución de la Consejería, se descubre el verdadero fin del vedado delafinca: preservar los derechos cinegéticos que ambas partes puedan ostentar. En primera instancia prospera la demanda. Se desestima la apelación.