El tratamiento de los contratos a favor de terceros en el Derecho inglés.

«My Lords, in the law of England certain principles are fundamental. One is that only a person who is a party to a contract can sue on it. Our law knows nothing of a jus quaesitum tertio arising by way of contract. Such a right may be conferred by way of property, as, for example, under a trust, but it cannot be conferred on a stranger to a contract as a right to enforce the contract in personam. A second principle is that if a person with whom a contract no under seal has been made is to be able to enforce it consideration must have been given by him to the promisor or to some other person at the promisor¿s request... A third proposition is that a principal not named in the contract may sue upon it if the promisee really contracted as his agent. But again, in order to entitle him so to sue, he must have given consideration either personally or trough the promisee, acting as his agent in giving it» (Lord HALDANE, en Dunlop v. Atkinson, 1915)232. Este ya célebre fragmento ha servido hasta hace poco tiempo a la doctrina para resumir el estado de la cuestión en el Derecho inglés. Sin embargo, la situación ha sufrido hace pocas fechas una renovación no por anunciada menos trascendental.

Cierto es que el sistema inglés no reconocía, como afirmaba Lord HALDANE, un ius quaesitum tertio de origen contractual, pero esta regla era demasiado rigurosa, por lo que primero la jurisprudencia y luego el propio legislador recortaron su ámbito de aplicación buscando paliativos y excepciones. Así las cosas, la práctica totalidad de la doctrina, apoyada por parte de la judicatura, se manifestó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado por la superación de una norma que ya no reflejaba ya las necesidades del tráfico jurídico y del comercio, hasta que el recientísimo Contracts (Rights of Third Parties) Act de 11 de noviembre de 1999 vino a consagrar con carácter general la validez del contrato a favor de tercero, en la que constituye la más moderna referencia legislativa sobre nuestra figura.

Imposibilidad de conferir derechos a terceros por medio de un contrato

Antecedentes

Hubo un tiempo en el que el Derecho inglés admitió que el tercero designado como beneficiario de un contrato podía exigir su cumplimiento pese a no haber sido parte en él, siempre que de las circunstancias pudiera extraerse que ésta era la intención de los contratantes. Básicamente esta consecuencia fue consagrada en supuestos en los que cabía apreciar un estrecho vínculo de parentesco entre el beneficiario y los contratantes, o al menos entre aquél y el estipulante. En este periodo, que comprende los siglos XVI y XVII, no puede hablarse, sin embargo, de una

línea jurisprudencial constante, puesto que junto a casos en los que se reconocía una acción contractual al beneficiario en otros se llegaba a la solución contraria233.

Lo cierto es que desde principios del siglo XVIII y especialmente tras el caso de Tweddle v. Atkinson (1861)234 la jurisprudencia ha mantenido de manera continuada que el contrato no puede ser fuente de derechos para terceros ajenos a su conclusión y ello aunque ésta haya sido la común intención de las partes contratantes. ...

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