Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico español el contenido de la normativa comunitaria, respetando plenamente los principios recogidos en ella, aunque adaptándolo a las peculiaridades propias del derecho y la situación económica y social de nuestro país.

Aprobada por las Cortes Generales, entra en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones (Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones), publicada en el B.O.E. de 4 de noviembre de 2003.