PUERTOS. COMPETENCIAS. La Administración General del Estado interpone recuso contencioso-administrativo contra la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria. La Comunidad Autónoma dicta el Decreto 52/2005 se aprobó el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, por el cual se declara de competencia de la Comunidad los puertos e infraestructuras aledañas. La Administración considera que el decreto infringe el ordenamiento jurídico al atribuir la titularidad de las instalaciones marítimas menores a la Comunidad Autónoma, instalaciones cuya titularidad, conforme al artículo 110.b de la Ley 22/1998 de Costas, corresponde al Estado. No puede la Comunidad a través de un decreto modificar la competencia atribuida por Ley. El Estado argumenta acertadamente. Por ello se estima el recurso contencioso-administrativo. Se declara nulo de pleno derecho el decreto. Sin expresa condena en cuanto a las costas.

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