Normas de derecho internacional privado

NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

I. EL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL Y LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Introducción

La reforma del Código civil articulada por el Decreto 1.836/1974, de 31 mayo, sustituyó el enunciado de su «Título Preliminar», intitulado «De las Leyes, de sus efectos, y de las reglas generales para su aplicación», por una rúbrica mucho más congruente: «De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia» (1). Al mismo tiempo dividió la materia regulada en cinco capítulos, dedicando el cuarto (arts. 8 a 12) a las «Normas de Derecho internacional privado». Aparece así, por vez primera, en el Código civil español una referencia al ordenamiento jurídico regulador de las relaciones del tráfico privado externo. Dicha referencia supuso, indudablemente, un cambio de concepción del legislador, que pasó de un enfoque en el que subsistía un componente «publicista» y «normativista» ?donde el acento se ponía en las relaciones entre Estados soberanos y en los «conflictos» entre distintas leyes en presencia respecto a la regulación de un caso determinado de «Derecho civil»?, a una concepción «privatista» cuyo punto de partida será radicalmente diverso. A partir de 1974, se introduce, en rigor, un sistema normativo que tomará como referencia una serie de hechos y relaciones de la vida real que se hallan vinculados con distintos órdenes jurídicos, entre ellos el español, y que, por este hecho, deben tener una respuesta por parte de nuestro ordenamiento.

Frente a una determinada concepción, basada en «las leyes y sus efectos» en el espacio, que se acomodaba a la tradicional «teoría de los estatutos», «hasta donde sea conveniente», de conformidad con lo establecido en la Base 2.a de la Ley de 11 mayo 1888, que fijaba las bases para la publicación del Código civil (2), el nuevo sistema se caracterizará, en términos generales, por una reglamentación de carácter bilateral. Los preceptos elaborados en 1974 se configuran, según establece la Exposición de Motivos del Decreto 1.836/1974, de 31 mayo, por el que se sanciona con fuerza de Ley el Texto Articulado del Título Preliminar del Código civil, «no en términos unilaterales preocupados sólo del Derecho español, sino de una manera completa con vistas a determinar, según nuestro ordenamiento, cuál es el Derecho, propio o extranjero, aplicable» (3). Es decir, estamos ante un conjunto de normas dictadas por el legislador español, «de Derecho internacional privado», cuyo cometido es la reglamentación de la vida jurídica internacional de los operadores jurídicos; estas normas diferencian de las denominadas «normas de Derecho material», que reglamentan situaciones jurídicas conectadas únicamente con el ordenamiento español.

Ahora bien, pese a este indudable avance del legislador de 1974, frente a la situación anterior, «insuficiente de suyo y desfasada por los cambios operados en las realidades sociales y políticas, en la técnica y en el propio régimen de convivencia e intercambio apreciable en las personas y en los pueblos», no se consiguió una reforma satisfactoria. Baste referirse a que no albergó «la certidumbre de haber logrado una regulación completa y siempre satisfactoria de las múltiples situaciones jurídicas que con tanta riqueza y variedad de matices ofrece el mundo de nuestro tiempo» (4). Los comentarios a los artículos 8 a 12 del Código civil se encargarán de evidenciar esta inadecuación. No obstante, se impone en estas páginas introductorias una crítica de carácter global que se desprende de la propia rúbrica del capítulo IV. Y es que los preceptos referidos aluden a un aspecto muy limitado del ordenamiento jurídico conocido con el nombre de «Derecho internacional privado», entendido como el conjunto de principios y normas que regulan las situaciones internacionales. Dichos preceptos determinan, de manera muy parcial, cuál es el Derecho aplicable, entre diversos ordenamientos en presencia, para determinar el ejercicio de los derechos subjetivos de los supuestos de la vida privada internacional, pero ignoran aspectos de mayor relevancia si cabe. En concreto, la ordenación de los casos en los que los Tribunales españoles pueden conocer de litigios que incorporan un elemento de extranjería (competencia judicial internacional), o aquéllos en donde la presencia de un extranjero condiciona el régimen del procedimiento o, finalmente, la determinación de la eficacia que tienen en España las decisiones judiciales dictadas por Tribunales extranjeros. Se trata de cuestiones esenciales a un ordenamiento cuya función es una «respuesta global» a los problemas del tráfico privado externo y no únicamente la solución de un eventual «conflicto de leyes», que en el ordenamiento jurídico español han descansado, desde sus orígenes, en cuerpos normativos diversos. En definitiva, el capítulo IV, no agota con mucho, las normas del Derecho internacional privado español, ni siquiera las generadas por nuestro propio legislador, pues, c...

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