Se desestima el recurso de apelación. Constituye posición reiterada del TS en aplicación de lo previsto, en cuanto a medidas cautelares, en el art. 130 L.J ., que la suspensión de la ejecución del acto administrastivo recurrido, solo procede cuando el interesado de una forma indubitada y precisa, acredita que posee en España un arraigo personal, familiar o social de entidad suficiente para poder afirmar que la expulsión cuestionada le ocasionaría unos daños o perjuicios de dificil reparación, circunstancia no acreditada en autos pues nada se ha probado al respecto, ni siquiera se ha intentado.