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Decreto 2/2007, de 26 de enero, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar

El establecimiento por parte de los poderes públicos de fórmulas que garanticen, incluso en situaciones de crisis, el derecho del menor a relacionarse con sus padres tiene un amplio soporte obligacional en nuestro ordenamiento jurídico.

La Constitución establece en su articulo 39.1 que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia", y en el apartado 2 determina la obligatoriedad de los poderes públicos de asegurar "la protección integral de los hijos iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil".

El artículo 94 del Código Civil dispone que "el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial". Esta posibilidad de modificación del régimen de visitas se contempla también en el articulo 776.3º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La colaboración entre los poderes judicial y ejecutivo se ha revelado como un instrumento trascendental para llevar a buen puerto un considerable número de procedimientos tramitados en los diversos órdenes jurisdiccionales. En este sentido, el artículo 17 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial establece que las entidades públicas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

En materia de menores existen numerosas disposiciones l...

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