El rápido envejecimiento de la población española, como consecuencia de la baja tasa de natalidad y el crecimiento de la esperanza de vida, está llevando a afrontar y plantear profundas reformas del sistema de previsión. Las reformas gubernamentales pasan por ampliar la permanencia de los trabajadores en activos después de los 65 años y, en consecuencia, mejorar la financiación de la Seguridad Social pública mediante ayudas en las cotizaciones sociales a las empresas y en la cuantía de la pensión a los empleados.

La opción de privatizar parte del sistema de pensiones, y más concretamente la correspondiente al tramo profesional se plantea como una alternativa viable a esas reformas. Planteada, en principio, como una fórmula de complementariedad de la pensión del sistema público, la generalización de los sistemas de pensiones privados promovidos por las Pymer, pequeñas y medianas empresas españolas, supone plantear y demostrar que el marco laboral es el más idóneo para fomentar el ahorro para la jubilación, ya que al ahorro previsión no deja de ser sino, un diferimiento de parte del salario generado en el momento actual.