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Case of Tribunal Constitucional - Sala Primera nº 325/2005, of December 12, 2005

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de amparo núm. 6007-2003, promovido por don Juan J.A., representado por el Procurador de los Tribunales don Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla y bajo la dirección del Letrado don Javier Martínez Mendía, contra la Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz de 7 de febrero de 2003, aclarada por Auto de 3 de abril de 2003, dictada en el rollo de apelación civil núm. 489-2002, y contra el Auto de fecha 15 de septiembre de 2003 por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la citada Sentencia. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la entidad Sotogrande 2000, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Yolanda Luna Sierra y bajo la dirección del Letrado don José Enrique de la Higuera González. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 8 de octubre de 2003, el Procurador de los Tribunales don Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en nombre y representación de don Juan J.A., y bajo la dirección del Letrado don Javier Martínez Mendía interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se menciona en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. La demanda de amparo tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) El recurrente presentó demanda de juicio ordinario, que fue tramitado con el núm. 63-2002 por el Juzgado de Primera Instancia de San Roque (Cádiz), para exigir el cumplimiento específico de las obligaciones derivadas de un contrato de compraventa firmado con la entidad demandada. En concreto se solicitaba que se condenara a la demandada a la construcción y colocación de determinados elementos en el inmueble adquirido, se declarara la obligación de abonar los gastos de cancelación y levantamiento de la hipoteca que tenía suscrita la demandada así como de la obtención de la licencia de primera ocupación y se condenara al pago de una indemnización y al otorgamiento de la escritura pública cuando se hubieran subsanados las anteriores deficiencias.

La demandada, por su parte, se opuso a las pretensiones del recurrente alegando que el contrato firmado no era de compraventa, sin...

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