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Objeto y principios rectores de la Ley Integral

1. Introducción

La violencia de género es la forma más cruel y degradante con la que se expresa la discriminación de trato entre hombres y mujeres. Ataca el derecho a la vida, la integridad física y mental, rompe los lazos de sociabilidad de la afectada, puede atentar contra la integridad sexual y, no menos importante, hace añicos la igualdad entre hombres y mujeres por la base, mediante la imposición de una forma de ver la vida machista y un comportamiento sumiso de la mujer.

En definitiva, la violencia de género, no sólo perpetúa una relación de poder, sino que sirve para contaminar el resto de los espacios de relación entre los dos sexos. Por ello, es tan importante la lucha contra dicha violencia, porque además de generar agresiones y muerte de personas, provoca degradación y una profunda injusticia colectiva.

Al inicio del siglo XXI y en sociedades que se dicen desarrolladas y donde el respeto a los derechos humanos es el leit motiv de sus organizaciones políticas éste tipo de violencia se presenta como una inmensa bofetada a la razón y a los principios más elementales del sistema.

Nuestras sociedades deben reaccionar ante este gran problema. Lo deben hacer para no generar más contradicciones entre lo que se dice y lo que realmente se hace o sucede. Pero sobre todo en un mundo globalizado y sociedades cada día más multiétnicas, se debe hacer para atajar justificaciones que desde tradiciones culturales menos respetuosas con los derechos fundamentales que las nuestras tengan la tentación de perpetuar la discriminación y la vejación a la mujer con el argumento de que situaciones más o menos parecidas se producen en todos los sitios y en todo momento.

La lucha por la libertad y la igualdad desde una perspectiva moderna tiene ya más de tres siglos, y aunque en materia de igualdad entre hombres y mujeres se han cometido grandes injusticias, las bases teóricas para superarla están fuertemente consolidadas en la formulación del Estado social y democrático de Derecho1.

El debate doctrinal de la Revolución Francesa, que tan injusto fue en algunos extremos para los derechos de las mujeres, no dejó de presentar propuestas liberalizadoras y de igualdad para el sexo femenino. Baste recordar a Madame B.B. de Caux que para la conformación de los Estados Generales reclamaba una cámara para "nuestro sexo": "no aspiramos ni mucho menos a puestos de gobierno honoríficos; pero consideramos justo y razonable permitir a las mujeres casadas, a las viudas y las hijas de familia que poseen bienes raíces u otras propiedades, poner a los pies del rey su quejas; e igualmente sería justo darles voz y voto en las elecciones, pues, lo mismo que los varones, están obligadas a pagar los tributos reales y a cumplir sus obligaciones en los negocios"2. Para estas damas el argumento que utiliza el Abate Sieyés para defender la voz y el voto del Tercer estado frente a la nobleza era perfectamente aplicable a las mujeres, y decían: "puesto que se considera un derecho probado que un noble no puede representar a un burgués, ni éste a un noble, tampoco es posible que un hombre represente a una mujer, pues los representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que sus representados, lógicamente las mujeres sólo pueden ser representadas por mujeres"3. No menos relevante es la posición, por su intervención en la revolución y en la Enciclopedia, del Marqués de Condorcet que ya en 1787 aconsejaba otorgar a las mujeres el...

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