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¿Hay que "merecer" la protección del derecho penal?: derechos y deberes de las víctimas

I. "Blaming the victim": el "dilema victimológico"

Parece un sentimiento extendido en la sociedad el de que las víctimas de los delitos no están lo suficientemente atendidas, por lo que se suceden las demandas de una mayor satisfacción, en las que se reclama la institución de mecanismos de atención social, así como el aumento de la eficacia policial y el incremento de la intervención del Derecho penal, a la vez que se denuncia una supuesta actuación "liviana" e "irresponsable" de la justicia. En rigor, no cabe afirmar que esta percepción (que no se es exclusiva de la sociedad española), haya sido creada por los "medios de comunicación", pero éstos sin duda sirven a la potenciación de este modo de ver las cosas. Como destaca KURY, "los medios tienen aquí más bien una función de amplificador", y "seleccionan temas preferentes y también los dan a conocer con un tenor con el que ellos saben que la 'noticia' cala en los lectores"1. Los "intereses de las víctimas" se han hecho más evidentes a la opinión pública especialmente tras la aparición de fenómenos delictivos causantes de una importante alarma social: es el caso del incremento de la delincuencia común sustentada en redes organizadas, que representa un cambio sustancial en las formas e índices de criminalidad "habituales" en las sociedades europeas, tradicionalmente "seguras". Pero, sin duda, ha sido el terrorismo, sobre todo tras los últimos atentados realizados por la organización terrorista "Al Qaeda" en Occidente, el fenómeno que mayor conmoción ha creado y que más peso ha tenido en la generación de un sentimiento de inseguridad colectiva y de solidaridad con las víctimas. En España, la respuesta social ante este terrorismo "trasnacional" ha conectado con un sentimiento generalizado de importante preocupación tras largos años de atentados terroristas, perpetrados por la organización ETA. Precisamente, las víctimas del terrorismo etarra, con el apoyo de otros sectores sociales movilizados ante este prolongado conflicto, han contribuido en España a la creación de asociaciones, organizaciones y foros en torno a la víctima, inexistentes hasta ahora en otros países occidentales, que habían percibido el terrorismo como un fenómeno más bien lejano.

Es preciso reconocer, en primera instancia, que las reclamaciones de atención por parte de las víctimas están plenamente fundadas. La experiencia española al respecto es reveladora: las primeras víctimas de ETA, desde la aparición de la banda al final de la dictadura franquista y durante los primeros años de la democracia, no contaron con la posibilidad de reparación socioeconómica, ni tampoco con el suficiente "arropo" social en consonancia con una contestación decidida y más o menos generalizada frente a los actos criminales de la banda terrorista. La reivindicación de la memoria y dignidad de las víctimas en todos estos casos responde a una necesidad, tanto de los afectados como de la sociedad, porque una sociedad democrática "normalizada" no puede albergar "comprensión" hacia hechos criminales. Precisamente, la estabilización de la democracia ha favorecido una respuesta generalizada contra el terrorismo, de modo que parece extenderse la convicción de que no hay justificación para la violencia, por lo que, al menos en ese plano de la "solidaridad" social, las víctimas han encontrado en los últimos años una mayor respuesta2.

Pero las demandas de las v&...

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