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Proteccion penal de los ciudadanos extranjeros

I. Introducción.

El fenómeno de la inmigración masiva e incontrolada plantea hoy a los países desarrollados uno de los mayores problemas de los últimos tiempos. Genera indiscutiblemente una dramática situación de conflicto que enfrenta intereses nacionales vinculados con la supervivencia propia del país, con los derechos fundamentales de los extranjeros inmigrantes que buscan en el movimiento transfronterizo la única posibilidad real para escapar de la miseria y poder vivir. La necesidad de controlar la inmigración y conseguir al mismo tiempo un perfecto equilibrio con la obligada defensa de los derechos fundamentales de los extranjeros, en el ejercicio de una actuación de solidaridad, sitúa a los países que comparten el problema, en un callejón de muy difícil salida, puesto que las legis-laciones, que de modo concreto lo abordan no son en muchos casos satisfactorias y porque no puede olvidarse la otra cara de la moneda que plantea la presión social creciente que pretende una mayor seguridad ciudadana considerada en peligro ante una masiva e incontrolada inmigración.

España por su situación geográfica se convierte en una de las vías de acceso preferibles y es por ello que en los últimos meses hemos contemplado un esfuerzo legislativo importante para dar cobertura legal a una eficaz persecución penal de todas las conductas relacionadas con la inmigración fraudulenta y la trata de seres humanos1.

II. Protección penal de los ciudadanos extranjeros: especial consideración del artículo 318 bis del código penal.

Junto a la regulación de la protección específica de los derechos de los trabajadores extranjeros, tanto en los supuestos de tráfico ilegal de mano de obra (art. 312 CP), como en los casos de inmigración clandestina (art. 313 CP), la disposición final 2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (RCL 2000,72), introduce el nuevo título XV BIS, de los Delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, incorporando el Art. 318 bis. Este artículo fue modificado por artículo

1. Trece de Ley Orgánica 11/2003, de 29 de Septiembre (RCL 2003, 2332), en el capítulo de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, especialmente para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia que se aprovechan de la realidad social tan acuciante como es el fenómeno del desplazamiento masivo de personas a lugares distintos de su origen2. Con una clara vocación de control para conseguir que sólo exista un flujo migratorio "controlado", y entendemos, tal y como expondremos a lo largo del trabajo, que con la intención de garantizar los Derechos Fundamentales de todos los ciudadanos extranjeros.

Es una constante en el análisis de la realidad social, en el ámbito del fenómeno de la inmigración en estos últimos tiempos, enfrentarse a hechos delictivos vinculados específicamente c...

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