La industria americana del control del delito: una burocracia que se autoperpetua

La idea que sustenta la ley penal de Estados Unidos es tan noble como la más noble que se haya concebido. Un grupo de ciudadanos son elegidos por sus congéneres para promulgar la legislación. Jueces imparciales sin influencias políticas interpretan los estatutos a la luz de la constitución que garantiza a todas las personas la libertad respecto a cualquier tiranía. La policía está estrechamente vinculada al trabajo para la comunidad y destinada a que la vida de todos sus miembros sea segura y pacífica.

La realidad de la ley penal en Estados Unidos no podría estar más alejada de este ideal. Los legisladores aprueban leyes que la mayoría de la gente desconoce y en caso de que las conocieran no las comprenderían. Los jueces son designados políticamente y sus carreras dependen de tomar decisiones compatibles con los prejuicios ideológicos de los cargos electos que controlan su nombramiento. La policía y los fiscales trabajan dentro de una burocracia que a menudo les enfrenta a la gente a la que supuestamente han de proteger. La policía, los guardas de prisiones y las personas que trabajan en lo que un criminólogo noruego denomina «industria del control del delito» se convierten en portavoces que demandan más dinero de los impuestos para asegurar sus empleos1.

El resultado final de todo esto es que los estadounidenses están siendo embaucados para gastar vastas cantidades de dinero de los contribuyentes en políticas destinadas a servir a la industria del control del delito pero que tienen poco efecto o un efecto negativo en la delincuencia. En un círculo sin fin, se da a la gente información distorsionada y engañosa y se les dice después que la única solución al problema fabricado por los agentes del gobierno, es más dinero para las políticas que contribuyen a ese mismo problema.

La burocracia de la aplicación de la ley, los políticos, los medios de comunicación, y las industrias que se benefician de la construcción de cárceles y de la creación y manufactura de tecnologías de control del delito perpetúan los mitos que justifican el gasto de cuantiosas sumas del dinero de los contribuyentes en intentos fallidos de control del delito. Mientras que casi todas las agencias gubernamentales y casi todos los ciudadanos tratan de sobrevivir con menos, el sistema de justicia penal -fiscales, tribunales y prisiones- está cubierto con dinero procedente de los impuestos municipales, estatales y federales. Todos los congresos y presidentes desde 1970 hasta ahora han autorizado aumentos del gasto en justicia penal (véase tabla 1).

Tabla 1

Gasto...

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