Notas sobre el párrafo 2º del artículo 381 del Código Penal
Delincuencia en materia de tráfico y seguridad vial (1899)
Luis Aparicio Díaz - Becario del Plan Propio de Investigación. Departamento de Derecho Penal. Universidad de Granada
Section: Delitos contra la seguridad del tráfico
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1. Apuntes sobre el marco político-criminal 2. El artículo 381 y sus orígenes legislativos 3. Análisis de las cuestiones que plantea dicho artículo 3.1 Crítica doctrinal 3.2. La opción por los delitos formales: el desencuentro entre el legislador y la doctrina. a) El legislador b). La doctrina c). El desencuentro 3.3. Las presunciones en el ámbito penal y la interpretación del párrafo 2º del artículo 381 CP: Claves de interpretación 3.4. Apuntes desde la perspectiva práctica 4. El problema de fondo: La falta de armonía en el ordenamiento jurídico-sancionador estatal Excursus.- Apuntes sobre la anunciada reforma del Código Penal en la materia Bibliografía Bibliografía en internet Anexos: Direcciones de interés:
Constitución Española de 1978. - Artículo 24
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. de 23 de noviembre, del Código Penal. - Artículos 181 , 379 , 381 , 384
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal. de 23 de Noviembre, del Código Penal.
LEY ORGÁNICA 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Notas sobre el párrafo 2º del artículo 381 del Código Penal
1. Apuntes sobre el marco político-criminal Probablemente la mejor forma de iniciar el somero examen de la cuestión que se trata de dilucidar en estas páginas sea considerar los dramáticos resultados que arroja la estadística en materia de accidentes de tráfico: Cada año mueren en Europa cerca de 40.000 personas y 1.700.000 resultan heridas, con un coste total que se estima en 160.000 millones de euros, un 2% del Producto Nacional Bruto. Ante estos datos, ¿cuál es el objetivo político de cualquier Estado responsable? Indudablemente, la reducción drástica de la cifra de accidentes que tanto sufrimiento acarrea a las personas y, también, tan enorme gasto implica, toda vez que el coste de tales accidentes podría invertirse precisamente en la mejora de los trazados viarios españoles. En este sentido, el Sr. ALONSO, Ministro del Interior que firma la Introducción del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, señala: «Esta cifras y sus enormes consecuencias humanas, sociales y económicas reclaman una prioridad política y una movilización social capaces de hacer frente al excesivo precio pagado por la forma y modo de desplazarnos» Como es lógico, el Derecho penal, en cuanto instrumento de que es titular el Estado al servicio del bien común, puede y debe realizar la contribución que le corresponde en la consecución de los objetivos planeados. Un auxilio que debe obedecer los dictados garantistas de la Constitución española, a través del respeto escrupuloso de los principio generales que rigen y guían la intervención punitiva, en especial: 1. El principio de legalidad, en tanto que la intervención sancionadora del Estado (tanto punitiva como administrativo-sancionadora) implica una merma de los derechos fundamentales del ciudadano, que debe resultar lógica, coherente y asumible. 2. El principio de proporcionalidad, ya que la gravedad de la consecuencia jurídica que se anille al supuesto fáctico dado debe corresponderse con la gravedad de dicha conducta, ya sea en atención al resultado de la misma o al peligro insoportable que justifica el tipo. 3. Y, especialmente, el principio de intervención mínima, que debe regir la aplicación del Derecho penal como instrumento al servicio de las políticas sociales, en la medida en que el Derecho penal debe utilizarse siempre y en todo caso como ultima ratio, es decir: el fracaso o ineficacia de otro tipo de medidas menos lesivas para los derechos fundamentales del ciudadano es el título que justifica la intervención penal. Considero que las líneas políticas (y político-criminales) de la intervención estatal en materia de tráfico quedan perfectamente dibujadas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-20...
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