I. Introducción. II. La competencia subjetiva de los ayuntamientos: A) Competencia para aprobación de los planes generales. B) Competencia para la aprobación de los planes derivados. C) Competencia relativa a actos de gestión y disciplina urbanística. III. La competencia orgánica: A) De los ayuntamientos. B) Del alcalde. C) Descentralización de la competencia municipal. D) La privatización de algo más que la actividad material y técnica. IV. La suspensión de los acuerdos municipales ilegales y la sustitución de la competencia urbnanística municipal: A) La derogada suspensión de acuerdos municipales por las comisiones de urbanismo. B) La sustitución de la competencia municipal. V. La competencia de la administración autonómica en la publicación de los planes. VI. Conclusiones

RESUMEN: La competencia urbanística de los Ayuntamientos ha evolucionado, ciertamente, en estos últimos cincuenta años, gracias a una interpretación jurisprudencial, conforme a la Constitución. de la legislación urbanística anterior a 1978, pero no se puede considerar cerrado el ciclo evolutivo. La STC de 20 de marzo de 1997, con el agotamiento de las fuentes del Derecho urbanístico estatal subsidiario, y la apertura hacia un Derecho urbanístico comunitario plural, fuerza a establecer nuevos criterios de protección de la autonomía local, constitucionalmente garantizada.

La generalización en las Comunidades autónomas de los instrumentos de ordenación del territorio (planes territoriales directivos que se sobreponen sobre los planes urbanísticos) permiten canalizar las determinaciones relativas a los aspectos urbanísticos de interés comunitario a través de ese tipo de planes, y reservar las determinaciones de los aspectos urbanísticos de interés municipal a los planes municipales de ordenación. De esta forma, se evitaría el recurso al procedimiento bifásico, incluso en la aprobación de los planes generales, que estarían sujetos, desde luego, a los planes autonómicos de ordenación del territorio, pero no a una fiscalización administrativa autonómica que actualmente se extiende, sorprendentemente, a aspectos organizativos locales, tales como la aplicación del principio de colegialidad (convocatoria, causas de abstención, etc.)

Mientras tanto, se ha de poner el énfasis en las figuras que tradicionalmente han venido a limitar, en alguna forma, la competencia urbanística municipal (sustitución autonómica de la tramitación y aprobación de planes y proyectos por inactividad municipal; rectificación en la aprobación definitiva, por motivos de legalidad, de las determinaciones contenidas en la aprobación provisional, etc.)