La Junta General del Principado de Asturias contra la normativa sobre arrendamientos de 1785

El documento que hemos elegido para su publicación pertenece a las Actas de las Juntas Generales y Diputaciones del Principado de Asturias, custodiadas en el Archivo General de la Administración del Principado de Asturias. El mismo documento, con insignificantes variaciones, se encuentra en el Archivo de Marcenado, formado por José María Patac de las Traviesas para el Colegio de la Inmaculada de Gijón, que hoy se encuentra en el Archivo Municipal de Gijón 1. Se trata de un informe que eleva la Diputación del Principado de Asturias -órgano auxiliar de la Junta General, que continuaba la labor de ésta durante el trienio en que tardaba en volver a reunirse- al Consejo de Castilla. Y es que, precisamente, una de las atribuciones de la Junta General del Principado de Asturias -y de la Diputación por extensión- era actuar como órgano intermediario entre el Rey y la provincia. Manifestación de dicha atribución es la labor informativa que cumplía la Junta General, a la que el Rey y su Consejo acudían frecuentemente cuando buscaban información sobre el Principado de Asturias. En este caso, la información se busca a consecuencia de una representación que había elevado al Consejo de Castilla un particular, Inocencio Veraz, con la que pretendía poner de manifiesto algunos de los perjuicios que causaba en Asturias la aplicación de la normativa vigente en el Reino sobre arrendamientos, que databa de 1785 2. Para resolver dicho recurso, el Consejo de Castilla pidió un informe a la Diputación asturiana, pues era ésta quien estaba reunida en ese momento, como seguramente lo solicitó de la Real Audiencia, el órgano que representaba en Asturias al poder real.

No fue difícil para la Diputación del Principado de Asturias la elaboración de este informe, ya que en muchas ocasiones se había discutido en el seno de la misma sobre la normativa de arrendamiento de 1785. El ejemplar que se custodia en el Archivo de Marcenado nos da el nombre del autor material del recurso: Informe sobre la orden de colonos dado a S.M. por la Diputación General del Principado de Asturias, y extendido por don Antonio Carreño, Alférez Mayor de la Ciudad de Oviedo. Precisamente, en la Junta General celebrada en 1802, se había encargado la preparación de un recurso contra dicha normativa de arrendamientos a dos sujetos: a Antonio Carreño Cañedo, alférez mayor de Oviedo y miembro habitual de la Junta General del Principado, y a Antonio Noriega y Bada, tesorero general del Reino, y diputado del Principado en la Corte desde 1797 3. Para conocer la fecha del Informe de la Diputación, tenemos que acudir a las Actas de las Juntas Generales y Diputaciones del Principado de Asturias. No se conservan ni las actas de sesiones de las Diputaciones celebradas de 1802 a 1805, ni las de la Junta General celebrada ese último año, pero sí han llegado hasta nosotros algunos documentos -representaciones e informes- de la Diputación del año 1804. Entre ellos está la representación elevada al Consejo por Inocencio Veraz, firmada en Oviedo el 5 de septiembre de 1803, causa directa del informe de la Diputación del Principado. También conocemos la Real Orden del Consejo, fechada el 24 de octubre del mismo año, por la que solicita a la Diputación un informe sobre el asunto, de lo que se da cuenta en la Diputación de 19 de noviembre. Y por último aparece el informe emitido por la Diputación -Ynforme de la Diputación a la representación de don Ignocencio Veraz sobre la Real Orden de manutención de arrendatarios-, acordado en su sesión de 28 de febrero de 1804, fechado en Oviedo, el 7 de marzo de 18044. Aparece firmado por algunos de los sujetos que integraban la Diputación del Principado por nombramiento de la Junta General de 1802: Pascual Quflez y Talón, regente de la Real Audiencia de Asturias desde 1803 y, como tal, presidente de la Junta General y de su Diputación, y los diputados Francisco Arias de Velasco (partido de Oviedo), Francisco Bernaldo de Quirós -marqués de Camposagrado- (partido de Aviles), Alvaro Flórez Estrada (partido de los Cinco Concejos), a quien ya vemos participar como miembro del órgano de representación del Principado de Asturias antes de 1808, Martín Ramón Ávila y Miranda (partido de las Obispalías) y Juan Francisco Noriega, procurador general del Principado5.

Nos ha parecido interesante la publicación de este documento porque en las actas de sesiones de la Junta General y de la Diputación del Principado de A...

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