Conflictos de competencias entre la jurisdiccion ordinaria y la militar en el antiguo regimen

Una de las señas de identidad más destacadas de la organización judicial del Antiguo Régimen español fue la abundancia de conflictos de competencias positivos entre las múltiples jurisdicciones que aparecen y se desarrollan a lo largo de los siglos XVI al XVIII. Aquella problemática era el lógico e inevitable resultado de la coexistencia, no siempre pacífica, de los más variados fueros especiales1, así como de la escasa e imperfecta delimitación de las esferas competenciales entre la multitud de órganos y autoridades investidos de facultades judiciales. Realmente los fueros especiales o privilegiados casi podría afirmarse que no eran la excepción sino la regla, y no sólo en cuanto a las grandes jurisdicciones, como la eclesiástica, la señorial, la inquisitorial o la militar, sino también en lo que se refiere a la variedad de reducidas jurisdicciones competentes por razón del gremio, colegio, cofradía, ayuntamiento, corporación... al que se perteneciese.

El cuerpo social de aquella época había heredado de la Edad Media su carácter estamental y no estaba compuesto por un agregado inorgánico de hombres y mujeres, sino de moléculas complejas, tal y como lo ha descrito Domínguez Ortiz 2.

Cada individuo buscaba diferenciarse de los demás y obtener sus propias libertades, monopolios, prerrogativas y franquicias, de las que eran extraordinariamente celosos ante cualquier intromisión.

Por otra parte, este fenómeno de los conflictos jurisdiccionales tampoco era ajeno a la actitud de aquellos agentes regios que pretendían, a costa de tales insuficiencias del sistema, ver ampliado su fuero y su jurisdicción y con ello su propio prestigio e influencia. De esta forma, ciertas doctrinas político-administrativas contribuyeron a semejante abuso, al interpretar que toda competencia o parcela de poder delegada por el monarca, precisamente por el hecho de haber sido recibida del rey, tenía que ser defendida en todo trance. En opinión de García Marín, el oficial con jurisdicción, en tanto que depositario de una parte de la potestad regia, estaba obligado a defender esa partícula de la suprema soberanía. Esta defensa debía de hacerse frente a todo aquello que pudiera atentar contra su autoridad o la jurisdicción que ostentaba y, en definitiva, frente a todo aquello que presumiblemente pudiera importunar la jurisdicción real. Ante una intromisión de esta naturaleza, el oficial del rey podía hacer uso contra el ofensor o usurpador tanto de «armas legales» como «materiales» 3. Interpretación ciertamente paradójica, pues el pretendido ofensor también se justificaba con los mismos argumentos. Además, la aplicación de esta doctrina no siempre era inocente y tras ella se ocultaban en muchos casos intereses personales o corporativos, «empeños» que se tomaban con «calor y tesón... por querer cada uno ser el preferido para juzgar y sentenciar, no sólo los reos de su jurisdicción, sino de las ajenas, introduciéndose intrusamente en sus fueros». De tal forma que en esta problemática existía una buena dosis de mala voluntad, porque «no hay ley, ordenanza, ni decreto, que no pueda interpretarse, siguiéndolas quando no favorece sus ideas; faltando a la buena fe que en esto debe reynar, y a la confianza que el Soberano deposita en sus empleos» 4.

En resumen, los conflictos positivos por razón de la competencia se producían con demasiada frecuencia y sumieron a toda la maquinaria judicial del Antiguo Régimen en constantes disputas entre jueces, autoridades y tribunales, tanto en asuntos de justicia como de gobierno. Es probable que también ello resulte ser un reflejo de la falta de cohesión del sistema político que rigió la España de los si...

If you are already a vLex customer, Access Here