La consultante se constituyó el 21 de mayo de 2004, con desembolso de capital social por su único socio de la siguiente forma:

- Un importe mediante aportación dineraria

- El importe restante mediante aportación no dineraria, consistente en los derechos económicos de cobro aplazado (cantidades pendientes de cobro) derivados de la venta y transmisión de un terreno. La compraventa de este terreno estaba formalizada en escritura pública de 13 de julio de 2001.

El cobro de las cantidades aplazadas, de acuerdo con el contrato de compraventa, debía satisfecho a medida que se fueran produciendo determinados acontecimientos: aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana; Aprobación definitiva de ese Plan y Publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de la citada aprobación definitiva.

La compraventa estaba también sometida a condición resolutoria si llegado el 11 de diciembre de 2002, no se había producido la aprobación definitiva del Plan. La condición resolutoria no se ejercitó por el comprador; de modo que a la fecha de constitución de la consultante subsistían los derechos de cobro que se le aportaron.

Posteriormente, mediante escritura pública, de 29 de julio de 2005, se acordó la novación del contrato de compraventa, ante la paralización del procedimiento urbanístico de referencia, por la que se modifica el precio del terreno transmitido, por lo que la parte aplazada del precio es de importe inferior al valor de los derechos de cobro aportados a la consultante en su constitución, produciéndose una minusvalía patrimonial.

La entidad ha procedido a contabilizar dicha minusvalía como pérdida.

Si resulta deducible fiscalmente para la consultante la pérdida por depreciación del activo consistente en el crédito frente a la compradora, derivada de la novación modificativa de los derechos ec...