La Justicia ha abierto la puerta a que los ayuntamientos puedan cobrar una tasa por los cajeros automáticos instalados en la vía pública, al considerar que conllevan una aglomeración de gente y vehículos superior a la de otras zonas, con el consiguiente perjuicio extra para ese espacio y la "incomodidad" para otros transeúntes.