El grupo de autoridades hace pública su preocupación por las consecuencias negativas que pueden tener para un niño la falta de confidencialidad en el tratamiento de sus datos. En el documento se destaca la necesidad de respetar el principio de proporcionalidad, entre privacidad y la seguridad, en cuestiones como la implantación de sistemas de geolocalización en menores y videovigilancia. Además, se encomienda a los colegios la tarea de alertar a los menores respecto a la utilización de MMS, audio y grabaciones de vídeo en los centros escolares.