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En torno a las obligaciones precontractuales de información

Este trabajo de investigación se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación del MEC que lleva por título «Hacia un código del consumidor» (SEJ 2005-02912/ JURi), cuyo investigador principal es el profesor Jorge Caffarena Laporta.

Una vez más, agradezco al profesor Pantaleón Prieto la generosidad de haber leído el trabajo y haber realizado sugerentes comentarios.

1. Lugares comunes

En ocasiones una de las partes de la relación contractual descubre que al contratar carecía de cierta información valiosa que le hubiera hecho replantear su interés en el contrato, o al menos, alguno de los términos de éste. Esta circunstancia, en sí misma considerada, no debería afectar a la otra parte, que no tiene por qué hacerse cargo de la ignorancia de aquélla. Sin embargo, ¿qué ocurre si ésta conocía o debió conocer dicha información, si se dio cuenta (o pudo y debió hacerlo) de la ignorancia de su contraparte, si quiso aprovecharse de la situación? ¿Es que no puede aprovecharse de lo que ella sabe y desconoce la otra parte? ¿Por qué (o en qué casos) iba a estar obligada a informar a ésta? Como veremos, responder a esta pregunta implica desentrañar si, bien por la relación jurídica que les une, bien en virtud de otros criterios de imputación, una de las partes tiene asignado el riesgo por falta de información de la otra, riesgo del que se libera típicamente informando. Decidir sobre esta asignación constituye una operación compleja que obliga, en primer lugar, a comprobar cómo distribuye el propio contrato dicho riesgo; en segundo, a considerar otros factores decisivos, como la condición -profesional, consumidor- de las partes, su respectivo comportamiento durante los tratos preliminares, o el interés afectado por la información omitida; finalmente, desde una perspectiva más puramente económica, a tener en cuenta si la información es igual o desigualmente asequible para ambas partes, si es o no costosa, si aprecia o deprecia aquello sobre lo que informa, o si, dada la posición de cada parte en el contrato, éste permite «compensar» típicamente el gasto realizado en obtener la información.

Tratándose de un problema de distribución de cierto riesgo contractual, el de ignorar algún dato relevante, parece adecuado partir de que cada cual debe procurarse la información necesaria para velar por sus propios intereses 1. La regla general en un ordenamiento jurídico informado por el principio de autonomía de la voluntad sólo puede ser la carga de autoinformarse. Ahora bien, existen situaciones (como cuando el contrato obliga a una parte a velar por los intereses de la otra, cuando la condición de entendido de una de las partes o su comportamiento despierta en la otra parte la legítima confianza en resultar informada sobre aspectos relevantes del contrato) en las que el ignorante puede legítimamente esperar que la otra parte le informe, o con otras palabras, que sea el otro contratante quien asuma el riesgo de información.

En algunos casos será el contrato, o mejor, las partes al elegir el tipo contractual o al pactar sobre la materia, quienes asignen dicho riesgo: no es lo mismo presentar un anillo a un joyero para que lo tase, que para que lo compre; en el primer caso, queda contractual-mente obligado a revelar sus conocimientos como tasador, en el segundo, no. En otros casos será la condición de entendido, frente a quien no tiene por qué ser tenido por tal, la que decida la suerte de la atribución del riesgo. Así, el vendedor de software al que un cliente solicita un producto concreto, cumple con entregárselo; pero si de la conversación que mantiene con el cliente se deduce que el producto elegido no es apto para la finalidad que éste persigue, nace para aquél la obligación de advertírselo, aunque no lo haya preguntado expresamente (nótese que no se trata de advertir sobre los peligros intrínsecos o de utilización del producto, sino sobre la idoneidad de éste para el fin perseguido, una vez que éste ha sido desvelado por el consumidor). Con todo, la obligación de advertencia resulta razonable mientras se trate de una conversación del cliente con quien aparezca revestido de la condición de entendido, sea el dueño o un empleado con conocimientos técnicos, de ninguna manera cuando la conversación se ha producido con el encargado de la caja; y que desaparece cuando, después de realizada la advertencia, el cliente se empecina en su elección. Tampoco se nos oculta que el vendedor que detecta el error del comprador, pero no dispone del bien que éste efectivamente necesita, puede callar y entregar el que sabe que no le servirá, sin que pueda normalmente probarse lo reprochable de su conducta. Finalmente, aunque en el ejemplo que acaba de proponerse ya resulta evidente, en otras ocasiones es el comportamiento concreto de una de las partes, sea cual fuera su condición, el que desencadena la mencionada asignación: el particular/consumidor que rechaza expresamente la informaci...

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