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La agencia de protección de datos

En el ámbito europeo la primera de las normas que hace referencia a la existencia de una autoridad de control fue el Convenio 108 del Consejo de Europa, si bien en todo caso no entra a definir los criterios ni las pautas que debían inspirar la actuación y las funciones del citado órgano en el ámbito nacional. En efecto, en dicho Convenio el artículo 13.2 impone a los Estados partes la designación de una o varias autoridades de control, cuya ubicación y denominación debían comunicarse al Secretario General del Consejo de Europa85. Sin embargo las disposiciones del Convenio no van más allá de esa obligación de designar a la autoridad de control, sin que de la misma puede deducirse cuál debe ser la naturaleza y cuáles las funciones o pautas de actuación de la citada autoridad de control.

A esta situación pronto se puso solución a partir de la Directiva 95/46/CE que no sólo prevé la necesidad de establecer autoridades de control en los Estados miembros, sino que al mismo tiempo establece los criterios o los principios que deben regir la regulación y la configuración jurídica de estas instituciones en los países miembros. Y así, en los considerandos del texto comunitario se contempla la creación de una autoridad de control “que ejerza sus funciones con plena independencia en cada uno de los Estados miembros” como elemento fundamental del sistema de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales (cfr. considerando 62). Abundando en lo expresado en el considerando 63 se indica que “dicha autoridad debe disponer de los medios necesarios para cumplir su función, ya se trate de poderes de investigación o de intervención, en particular en casos de reclamaciones presentadas a la autoridad o de poder comparecer en juicio; que tal autoridad ha de contribuir a la transparencia de los tratamientos de datos efectuados en el Estado miembro del que dependa”.

Así, a continuación se analizarán las novedades introducidas en la configuración jurídica de la Agencia de Protección de Datos a partir de la LOPD, a la luz de las disposiciones comunitarias, para poder determinar si su actual regulación como consecuencia de la transposición se ha acomodado o no a las prescripciones comunitarias expuestas en la Directiva 95/46/CE, y que fueron objeto de estudio en el Capítulo II. Sirva a modo de anticipo, que pocos han sido los cambios y modificaciones que se han introducido en la estructuración de la Agencia respecto de su regulación en la LORTAD.

4.1. Naturaleza y régimen jurídico de la Agencia de Protección de Datos. La independencia como asignatura pendiente

La importancia de la Agencia de Protección de Datos en el sistema de garantías constitucional no pasó desapercibida para algún Grupo Parlamentario –en concreto para el Grupo Vasco–, que a este respecto, destacó la naturaleza constitucional de la Agencia, ya que “parece que dentro del organigrama constitucional se considera de mayor relevancia la figura del Defensor del Pueblo, o incluso la existencia del Tribunal de Cuentas, cuando si la Agencia de Protección de Datos no tiene previsión en el propio texto constitucional es porque no podía tenerla, puesto que en el año 1978 no estabamos obligados a la creación de un órgano de este estilo. Sin embargo con la justificación que contiene la enmienda número 84 del Grupo Vasco respecto a la que la Agencia de Protección de Datos nace de la previsión del artículo 18.4º de la Constitución, previsión que debe cumplir el artículo 10.2 en cuanto que estamos sometiéndonos a obligaciones internacionales asumidas, fruto de nuestra pertenencia a la Unión Europea, se puede perfectamente concluir del juego de estos dos preceptos que estamos contemplando que el Director de la Agencia tiene relevancia constitucional”86. En efecto, no puede ni debe menospreciarse la significación que está llamada a desempeñar en el orden constitucional, sobre todo en el ámbito de la garantía de los derechos fundamentales la Agencia de Protección de Datos, como órgano de tutela de los derechos de las personas frente al tratamiento de sus datos personales.

Así, la Agencia de Protección de Datos debe ser considerada como un órgano constituci...

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