El derecho agrario cubano: hacia la consolidación de su autonomía legislativa

• Author: Rolando Pavo Acosta
• Profession: Profesor de Derecho Agrario
• Pages: 198-233

El Derecho Agrario; su teoría general Rolando Pavó Acosta

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VI EL DERECHO AGRARIO CUBANO: HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE SU

AUTONOMÍA LEGISLATIVA.

1. Deficiencias actuales en el ordenamiento jurídico de la actividad agropecuaria

en Cuba.

En un trabajo publicado a finales de los 90, ya hacía referencia a algunos de los

fundamentales problemas que delataban la inexistencia de la plena autonomía

legislativa del Derecho Agrario cubano, en dicho trabajo se analizaba el proceso

histórico posterior a las leyes de reforma agraria, de creación de normas en torno a la

actividad agropecuaria y se afirmaba que:

Como resultado de ello se ha acumulado en todo este período un extenso

material normativo encaminado a regular la actividad agraria, conformado por

algunas leyes, decretos-leyes, decretos, y fundamentalmente por

Resoluciones del Ministerio de la Agricultura, del Ministerio del Azúcar y del

antiguo INRA. Y en relación con ese conjunto de normas, el estado de la

legislación agraria no puede calificarse de ideal a la vista de algunos

problemas: el primero y el más significativo es el excesivo número de

normas, su acentuada dispersión y otras deficiencias, lo que unido a la no

elaboración periódica de compilaciones, hace difícil el conocimiento y

aplicación del Derecho Agrario vigente.

225

Pasada más de una década, no es posible ocultar que a pesar de los innegables

avances en el completamiento normativo del marco jurídico de la actividad

agropecuaria, varios de esos problemas subsisten, pudiendo plantearse hoy como

obstáculos que habría que superar para lograr la consolidación de la autonomía

legislativa del Derecho Agrario, a los siguientes:

• Excesiva abundancia normativa.

• Dispersión de la legislación agraria.

• Falta de unidad sistemática.

• Lagunas normativas.

225

Ver Rolando Pavó Acosta: “Acerca de la Autonomía del Derecho Agrario”, p. 131.

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• Problemas en la observancia de la técnica legislativa.

• La insuficiente unidad terminológica y conceptual en el ámbito de la legislación

agraria.

• Degradación normativa.

2. La ausencia de una definición legal en torno a la noción de producto

agropecuario en los ámbitos de la contratación y la comercialización.

El Decreto Ley 15, en su artículo 23 definió que por el Contrato de Compraventa

Especial de Productos Agropecuarios, el productor se obliga a entregar y el comprador

a recibir y pagar en los plazos acordados o en un solo plazo determinados productos

agropecuarios.

226

Por su parte el Decreto 80, sobre el contrato de compraventa de productos

agropecuarios (en lo adelante contrato de CVEPA) en su artículo 2, reitera el mismo

precepto sin ninguna adición o modificación.

227

El problema peor que se advierte no es la reiteración normativa, aunque

efectivamente constituye una deficiencia de sistemática de la legislación, sino la omisión

de la definición de lo que es producto agropecuario. Es verdad que los códigos y leyes

no tienen por qué ser un glosario o diccionario, pero también es cierto que el carácter

medular de tal concepto ameritaba su inclusión, máxime cuando otras leyes no lo han

hecho tampoco hasta el presente, sobre todo porque se trata de un concepto polémico

a nivel de la doctrina y la legislación de muchos países, sobre el cual el Derecho Agrario

de nuestro ámbito nacional no ha dado pasos realmente firmes, todo lo cual es

responsable de algunos problemas de colisiones de normas, falta de uniformidad en su

interpretación y conflictos jurisdiccionales.

Alguien pudiera aventurarse a afirmar que no se definió legalmente porque para los

operadores legislativos estaba claro el asunto, o porque se estimara que para los

operadores judiciales y administrativos resultaba el concepto de claro entendimiento y

por tanto resultara irrelevante hacerlo por vía normativa.

226

Decreto Ley 15, de 3 de julio de 1978, Normas Básicas de los Contratos Económicos.

227

Decreto 80, de 29 de enero de 1983, Reglamento de las Condiciones Generales del Contrato

de Compraventa Especial de Productos Agropecuarios.

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Sobre ello se debe advertir que se trata de un concepto construido en los ámbitos de

las ciencias agrícolas, materia que no forma parte del currículo de los estudios jurídicos

universitarios y deben ser escasos los juristas que hayan recibido formación de

postgrado en esas ciencias, aunque algunos de los que nos dedicamos al ejercicio

académico o práctico del Derecho Agrario hayamos tenido que realizar constantes

incursiones en las ciencias de la agricultura.

228

Algunas interrogantes que he formulado y las que me han formulado han sido las

siguientes:

¿Al momento de la redacción de un contrato económico, todos los juristas poseen

claridad en cuanto a los límites entre el contrato de compraventa ordinario (mercantil o

económico) y el de compraventa especial de productos agropecuarios, teniendo en

cuenta que quedan sometidos a normas jurídicas distintas y por tanto incluirían

condiciones diferentes?

Por ejemplo, ¿si lo que se va a comprar es madera, cuál es el modelo contractual

establecido que debe usarse, a cuáles reglas queda sujeto el contrato en caso de

conflicto por la interpretación de una cláusula?

Esta misma cuestión pudiera plantearse si los productos fueren flores, café, tabaco,

frutos frescos o congelados, o convertidos en pulpa o jugos, o a cualquier otro renglón.

En el caso del contrato de compraventa especial de productos agropecuarios, el

problema de la determinación en la práctica jurídica del tipo de contrato que se va a

usar, puede implicar cuestiones como que, de pretenderse que una relación jurídica se

reconozca como CVEPA, la relación queda sometida a unas condiciones generales ya

establecidas legalmente (es un contrato sometido a condiciones generales), con

cláusulas que son obligatorias y por tanto con un menor espacio para que rija la

autonomía de la voluntad de las partes, cuestión que resulta muy diferente si el contrato

calificara como de compraventa ordinaria, civil o mercantil, pues en este último caso

quedan sometidos según el caso a leyes distintas (como el Código Civil o el Código de

Comercio), en la CVEPA, sólo pueden ser parte del contrato y del proceso judicial en

228

Es sostenible el criterio -aún disponiéndose sólo de información empírica de ámbito

reducido-, obtenido a partir de las evaluaciones que constantemente se han realizado a los

juristas de varias provincias del país, así como por las consultas solicitadas por parte de jueces

y abogados, los juristas entienden de manera desigual y no tienen un conocimiento profundo

sobre esta cuestión.