La prueba audiovisual e informática en el proceso civil. Referencia a la firma electrónica

I. Introducción

En el Derecho español, el proceso civil se ha distinguido históricamente, entre otras razones, por su carácter preferentemente escrito y su falta de adecuación a la realidad procesal vigente. En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se sentía la necesidad de normas más flexibles y cauces procesales más apegados a las exigencias reales, en ocasiones muy distantes de lo previsto por el derecho positivo.

Estas carencias han sido en buena medida corregidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, en la que se da carta de naturaleza a nuevos medios de prueba1, como son los medios e instrumentos audiovisuales e informáticos, aproximándose así nuestro derecho procesal civil a las nuevas tecnologías, como son, principalmente, la informática y la ofimática.

En este nuevo horizonte legislativo, se enmarca la denominada firma electrónica, que se halla ya presente en la contratación de servicios de muy diversa naturaleza, como son los transportes públicos, los productos bancarios y el documento nacional de identidad electrónico2. En este sentido, el tratamiento probatorio de la firma electrónica dentro del proceso civil, cobra una singular importancia, por un lado, como un novedoso medio de prueba y por otro, por el hecho de ser la firma electrónica una de las herramientas de las que la Administración Pública hará uso de forma generalizada en los próximos años.

II. El marco normativo de la ley 1/2000, de enjuiciamiento civil

2.1. Antecedentes jurisprudenciales, doctrinales y evolución legislativa

El legislador español del año 2000, con una clara vocación de adecuar el proceso civil a la realidad del siglo XX, incorporó a nuestro derecho procesal civil un nuevo medio probatorio, consistente en instrumentos audiovisuales e informáticos, así como el tratamiento probatorio que habría de aplicarse a los mismos. Con anterioridad a la publicación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), nuestro ordenamiento jurídico se hallaba huérfano de todo soporte legal para tales medios e instrumentos, habida cuenta que la LEC de 1881, dada su antigüedad y el estado de la técnica de finales de aquel siglo, no pudo prever la regulación de medios que no existían. Pese a ello, esta carencia normativa fue suplida por el Tribunal Supremo cuya jurisprudencia -siempre que se cumplieran determinados requisitos- vino a ofrecer un cauce procesal para incorporar las novedades de la técnica a los medios de prueba del proceso civil. De esta línea aperturista hay que destacar las Sentencias de 25 de mayo de 1945, de 30 de noviembre de 1992 y de 2 de diciembre de 19963.

La primera de las S...

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