Blackwater ante el Derecho internacional: el negocio de la inmunidad

I. Blackwater como empresa y elemento de la Total Force

La privatización del poder público de un Estado constituye un fenómeno social creciente, tanto en tiempo de paz cuanto en el de conflictos armados internos o internacionales. Afecta a servicios de carácter exclusivamente económico, condicionados por la liberalización, la desregulación o la competitividad, y también a otros núcleos de la soberanía estatal tan sensibles como los servicios de seguridad y militares. Empresas privadas como Blackwater no son órganos del Estado, pero pueden actuar por instrucciones o bajo su dirección y control. En cualquier caso, las actividades, la gestión y ciertos comportamientos de los empleados de estas empresas son susceptibles de someterse ante el derecho internacional1.

La intensidad de la privatización de la violencia en conflictos estratégicos –como los de Irak o Afganistán– permite hablar de una transición hacia un nuevo orden militar y de seguridad, de nuevos formatos de la guerra y de un problema de gobernabilidad de la seguridad especialmente visible tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Las empresas privadas militares y de seguridad forman parte de la maquinaria bélica de los Estados; incluso en términos del Pentágono «constituyen uno de los elementos de la “Total Force” de los Estados Unidos», junto a los militares activos y en la reserva y los funcionarios civiles2. Esta caracterización constituye un punto de partida para el análisis, pues habrá que verificar en cada caso si los empleados de Blackwater forman parte estructural o funcionalmente de las fuerzas armadas3. Realmente, sucede que estos actores no estatales atomizan y complican el escenario bélico.

Este fenómeno plantea el desafío de identificar los valores, las normas y las obligaciones internacionales para adaptar su aplicación a hechos peculiares, con el fin primordial de que la inmunidad ante violaciones de normas y obligaciones internacionales no se convierta en un negocio. Sabido es que existe un cuerpo de derecho internacional aplicable, aunque no específico, y muy vulnerable a las violaciones. Entiendo que los escenarios cambiantes típicos de la era de la interdependencia no deberían desvirtuar la esencia del orden jurídico internacional4.

En esta línea, conviene mencionar que el 17 de septiembre de 2008 fue aprobado el «Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas pertinentes y buenas prácticas para los Estados relacionados con operaciones de empresas militares y de seguridad durante un conflicto armado». El Documento de Montreux posee un valor didáctico e indicativo de los principales problemas a los que da lugar este tema; y fue elaborado a iniciativa de Suiza y el CICR con la participación de diecisiete Estados: incluidos Estados Unidos, Irak y Afganistán5.

En el contexto descrito, merecen atención principal dos escenas representadas en Irak por una empresa constituida en Carolina del Norte, bautizada con un nombre ominoso: Blackwater6. Primera escena: el 31 de marzo de 2004, cuatro empleados de dicha empresa que escoltaban camiones de abastecimiento destinado a militares de Estados Unidos sufrieron una emboscada y terminaron quemados vivos y colgados de un puente del río Éufrates. Una treintena de empleados han muerto desde la presencia de la empresa en Irak. La contundente respuesta militar de Estados Unidos condujo al estallido de la resistencia iraquí. Estos hechos han de vincularse con los derechos y la protección internacional de las empresas y su personal durante una ocupación militar u otro tipo de conflicto armado7. Recuerdo que hasta el verano de 2004 (30 de junio) no se produjo formalmente el fin de la ocupación, con el mandato de Naciones Unidas a la fuerza multinacional.

Segunda escena: el 16 de septiembre de 2007, guardas de seguridad de la empresa abrieron fuego contra una multitud en Bagdad, con el resultado de diecisiete muertos civiles. Este suceso provocó la petición iraquí del levantamiento de la inmunidad respecto de la jurisdicción iraquí a las empresas privadas y a sus empleados. Los hechos manifiestan la necesidad de que la empresa observe una serie de obligaciones internacionales en la prestación de sus servicios militares o de seguridad8.

El presente estudio se basa específicamente en la prestación de servicios militares y de seguridad por el grupo de empresas Blackwater en Irak y Afganistán. Por ello, no...

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