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Comentario crítico de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

I. Introducción

Recientemente se ha aprobado la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Fir-ma Electrónica (BOE de 20 de diciembre de 2003), que viene a substituir la anterior regulación, el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, de firma electrónica, y cuya entrada en vigor se producirá a los tres meses de su publicación.

Esta reforma tiene por objeto suplir el indudable déficit normativo asociado al Real Decreto-Ley 14/1999, el cual se sustrajo de la necesaria discusión parlamentaria, y no precisamente por el alegado fin del mandato de las Cámaras en marzo de 2000, como cita la exposición de motivos de la Ley 59/2003, sino más bien por la fórmula empleada, de aprobación urgente, utilizando el mecanismo del Real Decreto-Ley, cuando los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad no justificaban la utilización de esa facultad extraordinaria de dictar normas con rango de ley que tiene atribuida el Gobierno, más aún cuando este Real Decreto-Ley se aprobó con anterioridad a la Directiva comunitaria, directiva que buscaba reforzar el marco jurídico de la firma electrónica y la prestación de servicios de certificación.

Como advertencia previa, decir que una parte de la doctrina ha justificado la imposibilidad de disponer de la firma electrónica avanzada, así como de los certificados reconocidos, en la ausencia del Registro de prestadores de servicios de certificación; opinión que no compartimos en absoluto.

Nada más lejos de la realidad, dado que diversos prestadores disponen ya de certificados reconocidos, cuyas firmas son completamente válidas y efectivas jurídicamente. Una cosa es que el RDL 14/99 no haya sido un prodigio de técnica legislativa y que no haya incorporado ciertas instituciones jurídicas útiles, y otra es negar sus efectos.

Ante estos planteamientos, cabe indicar que la Agencia Catalana de Certificación fue la primera entidad pública en emitir certificados reconocidos y dispositivos seguros, cumpliendo con todas las normas jurídicas y técnicas exigibles, para proveer a los trabajadores públicos de las Administraciones Públicas catalanas de firma de máximo valor jurídico. El IZENPE vasco, por su parte, ha sido la primera entidad pública en emitir certificados reconocidos en dispositivo seguro de creación de firma a los ciudadanos.

En este artículo realizaremos una revisión crítica a la nueva regulación sobre la firma electrónica, así como de las nuevas figuras que introduce, como el certificado de persona jurídica o el DNI electrónico.

II. Crítica general de la Ley

1. Fundamento de la Ley

A) La mezcla de sectores normativos, generales y específicos, en el mismo texto

El primer punto que hay que analizar, aunque ya se encontraba presente en el RDL 14/99, de 17 de septiembre, es la justificación constitucional del texto legal. Como puede verse de la Disposición final primera, la norma se dicta al amparo de los siguientes artículos:

- Artículo 149.1.8ª:

Competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

- Artículo 149.1.18ª:

Competencia exclusiva del Estado en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas;

legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrati-vas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

- Artículo...

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