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Comisión Nacional del Mercado de Valores: suspensión de derechos políticos

Contestación a la demanda realizada el 4 de mayo de 2004 por don Ricardo Huesca Boadilla, Abogado del Estado-Jefe ante la Audiencia Nacional.

Hechos .

Se admiten los del expediente administrativo y se niegan los alegados por la parte recurrente en sus diversos escritos y en la demanda, salvo que coincidan con aquéllos.

Fundamentos de derecho .

I. El presente recurso contencioso-administrativo impugna la Resolución adoptada el 19 de mayo de 2003 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV) por la que se acordó la suspensión de los derechos políticos correspondientes a la totalidad de la participación de «B, S. A.», en la sociedad «M, S. A.», al amparo de lo prevenido en los artículos 60 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y 40 del Real Decreto 1197/1991.

De la extensa demanda formulada de adverso se deduce que son tres, en síntesis, las cuestiones suscitadas en el recurso, a saber:

A) La incompetencia de la CNMV para acordar la suspensión de los derechos políticos de la participación de «B, S. A.» en «M, S. A.».

B) La presunta infracción de las normas sobre cómputo de participaciones significativas contenidas en el Real Decreto 1197/1991.

C) Por último, la validez de la extensión de la suspensión de los derechos políticos a la totalidad de las acciones que «B, S. A.» ostentaba en «M, S. A.».

A las alegaciones de la demanda nos oponemos en base a lo que sigue:

1.1 La presunta incompetencia de la CNMV para imponer la suspensión de los derechos políticos de la participación de «B, S. A.» en «M, S. A.» encuentra su razón de ser, según la actora, en la falta de habilitación normativa que sustente la competencia de la Comisión para acordar esa suspensión ya que se trataría de una medida de Derecho Privado a adoptar exclusivamente por la sociedad afectada, correspondiendo sólo a la Comisión la facultad de impugnar los acuerdos sociales que se aprueben con la participación del accionista que adquirió la participación significativa.

No vamos a reproducir los argumentos esgrimidos de contrario para sustentar su tesis que le lleva a considerar el acto recurrido incurso en el supuesto de nulidad de pleno derecho contemplado en el artículo 62.1.b), sino que vamos a limitarnos, acto seguido, a defender el planteamiento administrativo favorable, como es obvio, a la competencia de la Comisión para adoptar la decisión impugnada.

Para ello debemos partir, en primer término, de lo dispuesto en el artículo 60, tercer párrafo, de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, relativo a las ofertas públicas de adquisición y venta de valores, donde, textualmente, se señala que «Quien adquiera el volumen de acciones y alcance la participación significativa a que se refiere el párrafo primero sin la preceptiva oferta pública de adquisición no podrá ejercer los derechos políticos derivados de las acciones así adquiridas, sin perjuicio de las sanciones previstas en el títul...

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