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Conclusiones

Como es sabido, la Codificación partió del principio positivo de igualdad entre todos los individuos y el respeto de su libertad que se materializó en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad entendida como un poder de gobierno de la propia esfera jurídica. Este poder individual se manifiesta en un doble aspecto: de un lado, la libertad para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas; y, de otro, el poder para reglamentar las situaciones creadas, modificadas o extinguidas.

Esta última eficacia preceptiva de la autonomía privada recogida en el articulo 1255 del Código Civil se proyecta en el ámbito de los contratos permitiendo que los individuos determinen el contenido de los mismos a través de una pluralidad más o menos extensa de cláusulas que forman, en palabras de GALGANO, el llamado reglamento contractual.

En este sentido, es claro que, en uso de la autonomía privada, y sujetándose a los limites que a tal efecto establece el ordenamiento jurídico, las partes de un contrato pueden incluir una determinada cláusula cuyo contenido consista en establecer el vencimiento anticipado de la obligación cuando el aplazamiento pactado resulte perjudicial para el acreedor como consecuencia de determinados hechos susceptibles de poner en peligro la satisfacción de su crédito.

El problema se plantea cuando dichas cláusulas o pactos de vencimiento anticipado pretende insertarlos una entidad de crédito en los contratos de préstamo concluidos con un consumidor. En efecto, si bien el principio de autonomía privada resulta ser el fundamento de la inclusión de estas cláusulas, no podemos olvidar que el contexto negocial en el que se plantean no se caracteriza en absoluto por la igualdad de las partes ni por la absoluta libertad que sirvieron de base para la formulaci&oacut...

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