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Un supuesto de concurrencia entre operadores y admin. públicas: la explotación de redes wi-fi por los ayuntamientos

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN: LAS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA WI-FI

La implantación de nuevas tecnologías en el sector de las comunicaciones electrónicas plantea nuevos retos y controversias, máxime cuando su objetivo reside en la satisfacción de servicios en las mejores condiciones para los usuarios. El paradigma de este auténtico tópico en los mercados liberalizados se halla actualmente en el empleo de la tecnología Wi-Fi (Wireless Fidelity), como mecanismo de acceso a Internet de banda ancha mediante la transmisión de la señal a través del espectro radioeléctrico. Una tarjeta, instalada en el ordenador personal y equipada con una antena, permite trasladarse con el aparato dentro del radio de alcance de la señal1. Pese a que en un principio esta tecnología se destinaba a proporcionar conexiones en redes puramente domésticas, como cibercafés, aeropuertos o empresas, actualmente se presenta como una seria alternativa a los operadores que ofrecen servicios de Internet de banda ancha (ADSL o fibra óptica) disponibles al público.

Esta amenaza a los proveedores consolidados procede de los reducidos costes de implantación de esta tecnología, pues no precisa la ejecución de las complejas obras civiles que exige el trazado del cable. Diversos repetidores, instalados en zonas específicas de las ciudades, encaminan y convierten la señal de radio, para dirigirla a los nodos que conducen a la red de redes a través de las diversas interconexiones2. Además, utiliza una banda de frecuencias de baja potencia, que comprende entre 2,4 y 5 GHz, lo que, conforme a las reglamentaciones técnicas, se considera una explotación de redes de baja potencia. Se califica de uso común, que no requiere el otorgamiento de una concesión administrativa por el aprovechamiento del espectro radioeléctico3.

A estas ventajas cabe añadir otras tres no menos desdeñables: una, se adoptan soluciones a los problemas de acceso al bucle local para la infraestructura de banda ancha, precisamente por la reducción de costes comentada4; dos, se posibilita a las zonas geográficamente más dispersas y menos rentables la conexión a Internet de alta velocidad, lo que impide la tradicional discriminación tecnológica llevada a cabo por las empresas del sector; por último, el precio ofrecido en relación a la calidad de las prestaciones resulta incomparablemente más competitivo que las diversas tecnologías, como el ADSL o el cable5. La conexión más simple -la red inalámbrica 802.11.b- puede superar hasta en cinco veces la velocidad de transmisión de los datos que provee el ADSL más sofisticado, alcanzando los 11 Mbps. La contraprestación que se ha fijado por algunos operadores resulta variada: desde la gratuidad6 hasta cantidades irrisorias, como 3 i mensuales7.

No obstante, esta evidente oportunidad para promover una competencia efectiva alberga algunas dudas técnicas. Todavía deben desarrollarse mecanismos que eviten las posibles interferencias provocadas por obstáculos físicos, dado que estas redes funcionan en una potencia demasiado baja. Por otra parte, la adaptación de los estándares es una labor pendiente, que puede plantear problemas de seguridad y la transmisión de la señal alcanza radios de distancia muy limitados, que no superan en la mayoría de los casos la decena de kilómetros. Atendiendo a las condiciones favorables de prestación, estas nuevas redes deben adecuarse a las masivas demandas de conexión, lo que requiere frecuentes dimensionamientos de su capacidad y adaptaciones técnicas, que eviten un apagón como el sucedido en la ciudad de Zamora8.

Este panorama no ha arredrado a algunas corporaciones locales para constituir sociedades de economía mixta, cuyo objetivo estriba en la implantación de este tipo de redes y en la provisión del acceso a Internet de banda ancha. Ante la incapacidad o la falta de voluntad mostrada por los operadores para ofrecer estos servicios en ámbitos municipales, dadas las dificultades orográficas o simplemente por su reducida demografía, los ayuntamientos de poblaciones consideradas menos rentables pretenden que sus ciudadanos no sufran los retrasos tecnológicos, que podrían conducirles a la exclusión práctica de la sociedad de la información y las ventajas que reporta, tanto en el ámbito económico, como cultural o social. Ya sea un reclamo electoral o simplemente un modo de prestación de servicios de interés general, la...

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