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Contaminación de suelos y desertización en España. (Un análisis global de su situación jurídica).

I. INTRODUCCION

El suelo constituye la capa superior de la corteza terrestre que sirve de asiento a la vida (Ref. ). Se trata de un recurso no enteramente renovable cuya reconstrucción puede llevar siglos (Ref. ). Y aunque de hecho existen técnicas para la recuperación de los suelos, su aplicación práctica implica unos costes económicos que hacen imposible su efectiva realización (Ref. ).

Según dispone la «Carta Europea de los Suelos» (Ref. ):

«El suelo es una delgada película que recubre una parte de la superficie de los continentes. Su uso está limitado por el clima y la topografía. Se forma lentamente en virtud de procesos físico-químicos; físicos y biológicos, pero su destrucción puede darse rápidamente como consecuencia de actuaciones desconsideradas».

Los problemas con que se encuentra este recurso natural en la actualidad son variados. Así, entre otros, la deforestación; la salinización; la erosión; la desertificación; la contaminación. Todos ellos son fenómenos que favorecen su degradación y destrucción y, en consecuencia, la pérdida de su productividad (Ref. ). Sin perder de vista que España es el país europeo que se ve en mayor medida afectado por la degradación de este recurso, especialmente por el fenómeno de la desertización.

Al respecto, la realidad, desde un punto de vista jurídico, es la absoluta ausencia de normativa interna general atinente a los concretos problemas del suelo. Por este motivo, la solución debemos buscarla en la abundante normativa sectorial referente a determinados problemas específicos -incendios forestales; pesticidas; nutrientes; ordenación territorial; evaluación de impacto ambiental; etc. - que, aunque no destinada directamente a la lucha y prevención contra la desertificación de los suelos y su contaminación, de manera indirecta favorece su protección frente a tales resultados.

Efectivamente, en ausencia de una norma general destinada a la protección de nuestros suelos contra su destrucción, su defensa ha de venir de la mano de políticas sectoriales, como la agrícola o industrial, que, en virtud de la normativa comunitaria, han de tener en cuenta la protección del medio ambiente, según se desprende del artículo 130 R 2 del Tratado CEE -introducido por el Acta Unica en 1986- según el cual: «las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las demás políticas de la Comunidad».

En cualquier caso, la protección ambiental del suelo tiene además su apoyatura constitucional en el artículo 45 de nuestro texto fundamental, en virtud del cual los poderes públicos han de velar por la «utilización racional de los recursos naturales», entre los que obviamente se encuentra el suelo.

II. CONTAMINACION DE SUELOS

Centrando nuestra atención en primer lugar en el problema de la contaminación de nuestros suelos, diremos que las causas principales de la misma podemos encontrarlas esencialmente en la actividad agrícola y en la industrial, sin olvidar otras actividades que, ...

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