El corpus iuris, la propuesta de directiva del parlamento europeo y del consejo relativa a la protección penal de los intereses financieros de la unión europea y el artículo III-415 de la constitución europea

I. EL PROYECTO DEL CORPUS IURIS

Tal y como hemos visto, la técnica de la asimilación y armonización seguida hasta hoy por la UE no ha resuelto todos los problemas en torno al fraude a los intereses financieros de la Comunidad. A consecuencia de lo dicho la Comisión ha ido tomando medidas para evitar la defraudación contra las arcas comunitarias. Aparte del ya mencionado Convenio PIF, la Comisión ha introducido novedades no sólo en el plano legislativo sino también en materia de persecución. Para ello, creó una unidad especial para la lucha contra el fraude, la UCLAF, en la actualidad denominada OLAF. Consiste en un cuerpo de funcionarios europeos encargados de investigar las modalidades fraudulentas en relación con las finanzas comunitarias, tanto en materia de ingresos como de gasto. Este organismo es de gran importancia pues los medios económicos de que dispone la Comunidad son muy limitados y ésta "se encuentra de tanto en tanto, al borde del colapso financiero"632. Por consiguiente, de producirse tal situación perdería todo su poder de intervención y de control de la económica comunitaria.

La Comunidad asume las competencias en materia de financiación en el año 1970. Fue la Comisión la que tomó la decisión de cambiar el sistema de financiación que, hasta entonces, consistía en un sistema indirecto en el que los Estados miembros contribuían a la financiación de la Comunidad. En el actual modelo la UE se financia con recursos propios consistentes en parte de los ingresos por el IVA, un porcentaje del producto nacional bruto concedido por los Estados miembros, y por medios propios tradicionales, formados por derechos de aduana, multas y los prelevements633. Los primeros constituyen aproximadamente un 67% del total, mientras que los recursos propios son el 33% restante634.

Aparte existen grupos de trabajo para la mejora de la legislación. En una primera fase se optó por la asimilación del Derecho comunitario. Sin embargo, dicha técnica planteaba grandes problemas a la hora de lograr una regulación homogénea en todos los Estados miembros, principalmente porque algunos no estaban interesados en perseguir esta clase de criminalidad. Prueba de ello es el caso del maíz griego, al que ya nos hemos referido. Por tal motivo la Comisión creó un grupo de trabajo constituido por expertos de todos los países miembros con la misión de comprobar la viabilidad de un futuro ordenamiento penal para toda la UE. El llamado Corpus Iuris635 supondría una revolución dentro de la Unión ya que, según el borrador del 2000 realizado en Florencia, implicaría la creación de una legislación de carácter penal con una extensión geográfica inimaginable hasta ahora.

El proyecto se puede dividir en dos partes claramente diferenciadas. Una primera que comprendería los artículos 1 al 17, referidos al Derecho penal propiamente dicho, y una segunda parte de Derecho procesal, artículos 18 al 35. La primera se divide, asimismo, en dos subgrupos: uno que conforma la Parte Especial, donde se recogen los delitos que se quieren regular; y un segundo de Parte General en la que se tratan las cuestiones de la responsabilidad individual, el error, el elemento subjetivo, la tentativa, la responsabilidad de las personas jurídicas y administradores de la misma, etc. La segunda se divide en tres materias, una en la que se crea la figura de una fiscalía europea; otra en la que se establecen los derechos procesales de los inculpados; finalmente, la última que regula el procedimiento que se seguirá para enjuiciar dichos delitos.

1. Derecho penal Especial

En el primer delito636 recogido en el artículo 1º hay un gran cambio con respecto a la regulación que existe en nuestro país en la actualidad. Se pasaría de un delito de resultado, el que obtenga... a un delito de peligro637, muy semejante a la regulación que al respecto existe en Alemania sobre el fraude de subvenciones. Se castigaría el mero hecho de entregar información falsa o de omitirla, independientemente de si se consigue la ayuda, subsidio o exenci&oacu...

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