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LEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 13/1996, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del Orden social.

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LEY 20/2006, de 5 de junio, de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público.

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LEY 5/1996, de 10 de Enero, de Creacion de determinadas entidades de derecho publico.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por Ley de 25 de septiembre de 1941, se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), como entidad de derecho público, cuyo objetivo era «propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias...». El INI se configuró como un instrumento de apoyo a la política de autarquía económica impuesta por un Estado autoritario. El Instituto debía actuar en aquellos sectores en los que estaba ausente el empresario privado. Se adoptó, pues, un modelo de iniciativa pública basado en el principio de subsidiariedad que, combinado, posteriormente, con la nacionalización de empresas privadas no rentables, contribuyó a un crecimiento, indiscriminado y heterogéneo, del sector público en España.

Años más tarde, y aun manteniendo los principios básicos de esa concepción de la empresa pública, el desarrollo económico y social experimentado por España y la consiguiente apertura al exterior obligó a modificar, progresivamente, el régimen jurídico del INI para adaptarlo a la nueva situación. A ello, respondió el Decreto-ley 20/1970, de 24 de diciembre.

La promulgación de la Constitución y, consiguientemente, el establecimiento de un Estado social y democrático de Derecho determina la superación del modelo anterior. A tal efecto, el texto constitucional reconoce, en su artículo 128, la iniciativa pública en la actividad económica. Se trata de un reconocimiento que trae como inevitable consecuencia, una reformulación del papel de la empresa pública. Esta nueva concepción de la intervención pública en la economía es impulsada, asimismo, por la entrada de España en las Comunidades Europeas en 1986. A partir de este momento, el sector público inicia una adaptación progresiva al derecho comunitario, cuyos ejes son la mejora de la gestión y la adaptación a un entorno más competitivo.

Como consecuencia de este nuevo marco jurídico se hace precisa una modificación de las normas aplicables al Instituto Nacional de Industria: es la establecida en el artículo 123 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

Sin embargo, la diversidad de situaciones en que se encontraban las empresas públicas del INI y, por consi...

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