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La cuestión de la responsabilidad en el Derecho Informático

1.- LA PROTECCION DE UN DERECHO FUNDAMENTAL

El honor y la intimidad de las personas son derechos fundamentales para nuestro ordenamiento jurídico, tal como queda recogido en el artículo 18 de la Constitución Española (CE), y como ocurre en la totalidad de los ordenamientos considerados democráticos en la actualidad (la historia de estos derechos es un tanto compleja y no es momento aquí de tratarla). Ciertamente este reconocimiento por las leyes es un punto de partida necesario, pues no podemos hablar de la verdadera existencia de un derecho si no se ha reconocido previamente su existencia y se ha garantizado su ejercicio eficaz a través de su formulación en una norma.

Precisamente este objetivo garantista persigue el legislador al desarrollar el articulado de la norma fundamental en sucesivas leyes. Como señala Castán (1) al referirse a estos derechos, "son aquellos derechos fundamentales de la persona humana -considerada tanto en su aspecto individual como comunitario- que corresponden a ésta por razón de su propia naturaleza (de esencia, a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social) y que deben ser reconocidos y respetados por todo Poder o autoridad y toda norma jurídica positiva, cediendo, no obstante, en su ejercicio ante las exigencias del bien común", lo que nos muestra dos características esenciales de este tipo de derechos: su vocación de universalidad y su subordinación a los intereses generales, a pesar de su consideración como derechos subjetivos. Ambas características son manifiestas en la adaptación de la intimidad, como derecho fundamental especialmente protegido, por la legislación informática.

De este derecho inicial a la intimidad la doctrina ha diseñado un derecho a la privacidad (lo que algunos autores han llamado derecho a la autodeterminación informativa)...

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