El desarrollo del arbitraje de inversiones y sus efectos

Extracto


El desarrollo del arbitraje de inversiones y sus efectos

1. El procedimiento arbitral

A. Variedad de procedimientos arbitrales institucionales

[199] Procedimiento en el CIADI. Al no existir un único tribunal internacional, para cada caso se instituye un tribunal bajo reglas procesales diferentes, por lo que el inversor podrá escoger, estratégicamente, cuál es la instancia que más le conviene1194. Ahora bien, por lo que se refiere a la institución dedicada al arbitraje de inversiones por antonomasia –el CIADI–, como el propio CW indica, la ratificación, aceptación o aprobación de dicho Convenio no supondrá, en ningún caso, el consentimiento del Estado contratante de someter las diferencias a la jurisdicción del Centro1195; es decir, que será necesario haber reflejado previamente tal intención en el APPRI respectivo (algo que no se ha hecho en el caso del hispano-cubano, como quedó ya indicado). El CIADI dispone de un procedimiento independien-

te1196, que se desarrolla al margen de los tribunales nacionales, a la vez que suspende el ejercicio de la protección diplomática por parte del Estado del que es nacional un inversor en una controversia arbitral, y esto le ha valido la definición de self-contained machinery1197. Así, cualquier Estado Contratante, o un inversor del mismo, puede iniciar un arbitraje ante el CIADI, median-te solicitud escrita dirigida al Secretario General1198, conteniendo los datos

referentes al asunto objeto de la diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas al arbitraje, según se establece en el artículo 36 del CW1199. Los tribunales arbitrales del CIADI se constituirán conforme a las reglas previstas en el propio CW, y serán ellos mismos los que decidan sobre su competencia, pudiendo adoptar medidas provisionales para salvaguardar los derechos de las partes. Los laudos emitidos por el tribunal serán de cumplimiento obligatorio y serán reconocidos en todos los Estados contratantes, para quienes tendrán carácter obligatorio, debiendo ejecutarlos dentro de su territorio «como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado» (artículo 54.1º CW). El papel preponderante de la autonomía y exclusividad del sistema del CIADI se evidencia, sobre todo, en la imposibilidad de plantear cualquier tipo de recurso ante tribunales internos cuando ya se han emitido los laudos1200. Siendo así que las partes del procedimiento arbitral sólo tendrían acceso a los recursos disponibles según el propio CW, por el cual, las partes podrán solicitar aclaración (artí-

culo 50 CW), revisión (artículo 51 CW), o anulación del laudo; aunque esta última sólo es posible pedirla a un Comité ad hoc constituido a tal efecto, si entra dentro de los supuestos del artículo 52 del CW1201hecho que le ha reportado varias críticas1202. Se ha considerado, además, que la actuación de los Comités ad hoc se ha extralimitado de la función prevista en el articulado del CW, pues actúa como un órgano de apelación, al entrar a revisar el fondo de los laudos1203. Por otra parte, en algunos casos, incluso después de la decisión del Comité ad hoc, se ha instituido un segundo tribunal arbitral, cuyo laudo también ha sido sometido a un segundo Comité ad hoc; lo cual vulnera claramente el espíritu de la norma y desvirtúa el propio recurso de anulación1204, poniendo en duda la efectividad del mecanismo del CIADI, afectando incluso a la legitimidad del CW en el sistema1205. No obstante, los

Comités ad hoc han restringido su función con el paso del tiempo, lo que ha derivado en decisiones conocidas habitualmente como de «segunda»1206y «tercera» generación1207.

[200] El procedimiento ante la CCI. Como ya quedó indicado, el APPRI hispano-cubano remite al procedimiento ante la CCI y las reglas de la CNUDMI. Respecto del primero1208, la parte que desee recurrir al arbitraje dirigirá una demanda a la Secretaría General de la Corte, en cualquiera de las oficinas especificadas en el Reglamento interno que será notificada a ambas partes (artículo 4.1º), siendo considerada la fecha de recepción como inicio del arbitraje. La solicitud contendrá la información contemplada en el artículo 4.3º, acompañando la documentación que figura en el párrafo 4º. El demandado dispone de 30 días para hacer llegar su contestación a la demanda, indican-

do la información que se precisa en el artículo 5.1º (o 5º, si es reconvención, en cuyo caso, la demandante dispone a su vez de 30 días para responder). El artículo 6, en sus párrafos 3º y 5º recoge el principio de «competencia sobre la competencia». Se prevé asimismo la multiplicidad de partes (artículos 7 y 8), de contratos (artículo 9) y la posibilidad de consolidar dos o más arbitrajes pendientes en uno solo (artículo 10). Especialmente detalladas son las disposicion...

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