Díez interrogantes sobre el juicio notarial de capacidad: Un intento de posibles respuestas. Especial referencia a las personas con discapacidad

Discapacidad y Derecho civil (en Cuba) › (2015)

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Díez interrogantes sobre el juicio notarial de capacidad: Un intento de posibles respuestas. Especial referencia a las personas con discapacidad

La ausencia de un estudio doctrinario del juicio notarial de capacidad en el derecho patrio merece, al menos, una mirada de reojo, pues no son otras las pretensiones que este artículo tiene. Hemos estado desde antaño a la sombra de la doctrina española por los vínculos históricos que nos atan, y que hace que el derecho español sea fuente perenne de conocimientos para los de allende el atlántico, pero el tema amerita un esbozo dogmático de su tratamiento en el derecho cubano, lo cual no quiere decir que otros autores no lo hayan hecho antes, pero esencialmente orientado de cara al testamen-

to.1No se puede olvidar que el juicio de capacidad se regula en el Código Civil, solo con carácter expreso en sede testamentaria (vid. artículo 483.3).

1. ¿Qué es el juicio de capacidad?

No existe un criterio unánime en la doctrina sobre el llamado juicio de capacidad y lo digo con toda intención. No todos los autores están contestes con el nomen que a esta aseveración notarial se le debe atribuir. Si bien unos prefieren llamarle calificación notarial, otros, por el contrario, parten de la tesis de que estamos frente a un juicio propiamente dicho, o sea, a una afirmación o negación del notario, dotada de una fuerte presunción iuris tantum, o sea, susceptible de rebatirse o destruirse a través del proceso judicial adecuado, con la aportación de las pruebas destinadas a tal fin.2Según Torres Escamez “… es la declaración que realiza el notario en todas las escrituras y en algunas actas, normalmente al final de la comparecencia y antes de la calificación del acto, por la cual expresa su creencia de que los otorgantes tienen las condiciones personales de aptitud e idoneidad con arreglo a la ley para que el acto o negocio documentado produzca sus efectos normales”.3se trata, como expresa Giménez-arnau, de “… un acto o juicio personal que no pertenece al juxta verum dictum de la fe pública, sino, más bien, al principio de legalidad; juxta legem actum”.4

Se requiere como un prius lógico que los actos y negocios jurídicos sean el resultado de declaraciones de voluntad que se exteriorizan por personas que conocen los efectos de dicho acto o negocio, que saben discernir sobre lo que quieren, que en buen castizo están en su cabal juicio, lo cual no es sinónimo —como suele acontecer en el quehacer notarial cubano—, que no tienen la más mínima discapacidad intelectual o psíquica.5no solo se requiere capacidad jurídica, sino su dimensión dinámica, su potencialidad para

ejercitar per se los derechos, lo cual en doctrina se le ha dado el nombre de capacidad de obrar, o ejercicio de la capacidad jurídica, término que emplea el legislador de nuestro Código Civil. Pero cuando ese acto o negocio se instrumenta por notario, la sola intervención de este para la autorización del documento, le dota de certidumbre y de autenticidad a su contenido. Tal certidumbre, implica, ante todo, que el notario se ha cerciorado del discernimiento de los comparecientes, o al menos ha apreciado en ellos capacidad de querer y entender lo que pretenden concertar. Como se ha dicho con acierto, la trascendencia del juicio de capacidad “radica en que esta es el so-porte del consentimiento, quien, a su vez, constituye la esencia del negocio jurídico”.6El notario no es un perito, pero debe saber aplicar las máximas de la experiencia cuando aprecia esa capacidad volitiva de los sujetos, que le permite autorizar el instrumento público. El juicio notarial de capacidad actúa como la caja negra de un avión, es el sello indeleble en el que se sustenta la manifestación de voluntad o consentimiento, en tanto sin discernimiento, ni voluntad, no puede existir acto o negocio jurídico alguno. Solo las personas capaces pueden protagonizar un acto jurídico, y, reitero, hablo de per- sonas capaces o competentes, con independencia del grado de capacidad o de competencia del sujeto, en todo caso, este será decisivo para la autorización de cada instrumento público, pero compete al notario su apreciación ad hoc.

2. ¿Estamos frente a un juicio problemático?

Ballarín Marcial, que ha estudiado con detenimiento el tema, ubica al juicio de capacidad, vía ferrater Mora —en un discurso más filosófico que jurídico—, entre aquellos juicios problemáticos, sustentado esencialmente en la teoría de las probabilidades.7El notario ofrece una valoración o apreciación, como expliqué presuntiva. Es cierto que está cargada esa presunción de gran certeza o probabilidad, precisamente porque el juicio es dado por un profesional del derecho dotado de credibilidad, pero en modo alguno perito. Empero, en todo c...

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